16 de septiembre de 2026
SANTA CRUZ
Denuncian que Báez se quedó con 30.000 hectáreas mediante una maniobra bancaria
Una presentación ante la Justicia Federal sostiene que la familia Fadul perdió las estancias Río Bote y La Entrerriana luego de una serie de operaciones iniciadas por un crédito de 90.000 pesos. La denuncia apunta contra Lázaro Báez, Víctor Manzanares y exfuncionarios provinciales
Una nueva denuncia presentada ante la Justicia Federal volvió a poner bajo la lupa el patrimonio rural que acumuló Lázaro Báez en Santa Cruz. La presentación sostiene que el empresario terminó quedándose con dos estancias de la familia Fadul que, en conjunto, alcanzaban unas 30.000 hectáreas y que previamente conformaban una misma unidad productiva.
La denuncia fue realizada por Ana Edith Bórquez de Fadul ante el juez federal Sebastián Ramos. Según plantea, detrás de la pérdida de las tierras habría existido una sucesión de decisiones bancarias, empresariales y judiciales que excederían un conflicto sucesorio.
El expediente pone como origen de la disputa un crédito otorgado por el Banco de la Provincia de Santa Cruz en diciembre de 1992 por 90.000 pesos. La deuda, que debía cancelarse en dos cuotas con intereses, terminó derivando en una ejecución que alcanzó a las tierras de las estancias Río Bote y La Entrerriana.
Según la presentación, la familia intentó evitar el remate y planteó la aplicación de normas provinciales destinadas a proteger las unidades productivas rurales y de emergencia agropecuaria. Sin embargo, el proceso judicial continuó y las estancias terminaron dentro del circuito que años después desembocaría en manos de Báez.
La denuncia también incorpora como antecedente una disputa familiar vinculada con una herencia. Tras la muerte de José Héctor Fadul, sus hijos habían acordado una compensación vinculada a la producción de lana. Las dificultades para cumplir con ese compromiso hicieron crecer la deuda y terminaron agregando otro frente de conflicto sobre el patrimonio familiar.
En ese contexto aparece el Banco de Santa Cruz y el rol que, según Bórquez, habría tenido Báez antes de abandonar la entidad para dedicarse al sector privado. La denunciante sostiene que, después de rechazar una propuesta de financiamiento que incluía un crédito millonario y requería el aval del Gobierno provincial, comenzó a cambiar el vínculo entre la empresa familiar y el banco.
La presentación también menciona documentación de la firma GUERNICA S.A.A.G.I. y C. que, según el relato de la denunciante, habría sido retirada de un estudio contable y enviada a otro estudio jurídico. Entre los nombres señalados aparece Víctor Manzanares, además del abogado Domingo Ortiz de Zárate, a quien la presentación vincula con el entonces gobierno de Santa Cruz.
Bórquez pidió que la investigación alcance también a exjueces provinciales y a otras personas que, de acuerdo con su denuncia, podrían haber tenido algún grado de intervención en la operatoria. Entre los mencionados figuran Santiago Lozada, Graciela Drudi de Mau y Diego Palleros, además de Báez y Manzanares. A su vez, piden reconstruir la participación necesaria que existió en la maniobra por parte del entonces gobernador de Santa Cruz: Nestor Kirchner.
Ahora la Justicia Federal deberá reconstruir la cadena de operaciones y determinar si la pérdida de las tierras respondió a un conflicto comercial y sucesorio o si, como sostiene la denunciante, existió una maniobra ilícita con participación de actores del ámbito empresarial, bancario, judicial y político.