4 de septiembre de 2026
CAUSA VIENTO SUR
El Ministerio Público Fiscal pedió llevar a juicio a dos exministros neuquinos
El MPF solicitó la audiencia de control de acusación contra Abel Di Luca, Germán Chapino y otros seis imputados. La investigación apunta a un presunto desvío de fondos destinados a capacitaciones y calcula un perjuicio superior a $1.208 millones a valores históricos
La causa conocida como Viento Sur avanzó hacia una instancia clave en Neuquén. La Fiscalía solicitó que se fije la audiencia de control de acusación, paso previo a definir si los ocho imputados quedan en condiciones de enfrentar un juicio oral.
Entre los acusados se encuentran los exministros de Desarrollo Social y Trabajo Abel Di Luca y Germán Chapino, señalados como coautores del delito de administración fraudulenta. Junto con ellos hay otras seis personas, cinco de ellas acusadas como coautores y tres como partícipes necesarios, según la teoría del Ministerio Público Fiscal.
El pedido fue realizado por la fiscal Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli. La Fiscalía de Estado interviene como querellante, luego de haber impulsado la denuncia que dio origen al expediente.
La investigación se concentra en un mecanismo que, según la acusación, habría funcionado entre 2022 y 2023 para desviar recursos públicos que debían utilizarse en un programa de capacitaciones destinado a integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
La Fiscalía sostiene que los fondos fueron entregados sin que se cumplieran los controles previstos para acceder a ellos. Entre las exigencias figuraban acreditar la situación institucional de las organizaciones, sus autoridades, los planes de trabajo, los beneficiarios y la realización efectiva de las capacitaciones.
Uno de los elementos incorporados a la acusación son informes de la Contaduría General de la Provincia. De acuerdo con la investigación, el organismo había realizado observaciones desfavorables sobre determinados desembolsos que luego fueron autorizados.
En el caso de Di Luca y Chapino, la acusación plantea que ambos habrían autorizado pagos mensuales a la cooperativa Viento Sur sin comprobar que se hubieran cumplido las condiciones exigidas. También se les atribuye haber aceptado rendiciones que presentaban inconsistencias, estaban incompletas o directamente no habían sido presentadas.
Para la Fiscalía, los integrantes de la cooperativa habrían solicitado, recibido y administrado fondos públicos que tenían un destino específico. Entre las irregularidades detectadas se mencionan comprobantes que no se corresponderían con movimientos bancarios, gastos duplicados y problemas en las rendiciones.
El perjuicio calculado por los investigadores asciende a $1.208.657.600 a valores históricos. La cifra podría ser uno de los puntos centrales del futuro debate si la causa finalmente llega a juicio.
Ahora será la Justicia la que deberá convocar a la audiencia de control de acusación. En esa instancia se discutirá la acusación fiscal, la prueba que podrá llegar al debate y los planteos que realicen las defensas.
La Fiscalía prevé presentar alrededor de 80 testigos si el expediente llega a juicio, lo que anticipa un proceso de considerable extensión.
El pedido de la acusación marca el cierre de una etapa de investigación, pero no implica una condena ni significa que los ocho imputados hayan sido enviados todavía a juicio. Esa definición quedará sujeta a lo que resuelva la Justicia en las próximas instancias.