3 de septiembre de 2026
RIO NEGRO
Allen: Román reclama que funcionarios respondan por el costo de su suspensión
El intendente presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra funcionarios y concejales a los que responsabiliza por el alejamiento provisorio del cargo. Reclama determinar responsabilidades por el costo económico del proceso y también apunta contra quien ocupó la Intendencia durante su apartamiento
Raúl Marcelo Román regresó a la Intendencia de Allen después del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que anuló las ordenanzas mediante las cuales había sido suspendido y, apenas retomó sus funciones, inició una ofensiva institucional contra quienes participaron de ese proceso. El jefe comunal presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas municipal para que se investigue si hubo perjuicio económico a las arcas públicas y se determinen eventuales responsabilidades personales.
La presentación está dirigida contra Guillermo Pennesi, vicepresidente primero del Concejo Deliberante; el asesor letrado del cuerpo, Néstor Soler; los concejales que resulten responsables y también contra Fabián Figueroa, quien quedó al frente del Ejecutivo municipal durante parte del período en que Román estuvo suspendido. El intendente adelantó además que se reserva la posibilidad de realizar denuncias penales.
El planteo toma como punto de partida la sentencia del STJ del 27 de agosto, dictada en el conflicto de poderes iniciado por Román contra el Concejo Deliberante. Según sostiene el intendente en su denuncia, el máximo tribunal provincial declaró la nulidad absoluta de las Ordenanzas Municipales 044/2026 y 045/2026, además de imponer las costas del proceso al Concejo Deliberante.
Uno de los argumentos centrales del escrito está relacionado con los gastos derivados de ese litigio. Román señala que las regulaciones de honorarios establecidas por el STJ alcanzaron los 35 Jus: 20 Jus para los abogados Joaquín y Mateo Hertziker Catena, representantes del intendente, y 15 Jus para Néstor Soler, asesor letrado del Concejo. A eso se sumarían las tasas y otros gastos judiciales vinculados con el proceso.
A partir de esos montos, el intendente sostiene que corresponde establecer si quienes promovieron y sostuvieron las medidas posteriormente anuladas deben responder personalmente por el eventual perjuicio ocasionado al patrimonio municipal. Para fundamentar su pedido cita disposiciones de la Carta Orgánica y del Reglamento Orgánico del Tribunal de Cuentas que contemplan la responsabilidad de funcionarios y agentes por daños ocasionados al municipio.
Román también cuestionó el funcionamiento institucional del Concejo durante el período en que estuvo suspendido. En particular, denunció que el cuerpo legislativo se negó durante meses a recibir el veto que había presentado sobre la Ordenanza 044/2026. Según su interpretación, esa decisión se apoyó en una resolución firmada por Pennesi que sostenía que, al encontrarse suspendido, el intendente no tenía facultades para ejercer el veto.
El STJ, según consta en el planteo presentado ante el Tribunal de Cuentas, terminó interviniendo sobre ese conflicto y declaró la nulidad de las ordenanzas cuestionadas. Román utiliza ahora ese fallo como sustento para pedir que se revise no solamente la legalidad de las decisiones adoptadas durante su suspensión, sino también las consecuencias económicas que tuvieron para el municipio.
La denuncia también alcanza a Fabián Figueroa, quien ocupó transitoriamente el Ejecutivo municipal mientras Román permaneció apartado del cargo. El intendente solicita que se investigue la legitimidad de esa actuación y de los pagos efectuados durante ese período. En la documentación incorporada al planteo aparecen liquidaciones correspondientes a fines de julio, junto con un anticipo financiero de 1,5 millones de pesos.
Sobre este punto, Román pide al Tribunal de Cuentas que constate formalmente qué funciones ejerció Figueroa, bajo qué instrumento se produjo su designación y cuál fue el fundamento de los haberes liquidados como intendente. El reclamo no se limita al funcionario que ocupó temporalmente el cargo, sino que busca determinar quiénes intervinieron en las decisiones administrativas vinculadas con esos pagos.
El escrito solicita formalmente que se abra un procedimiento de responsabilidad, se determinen las eventuales irregularidades y, si correspondiera, se formulen cargos personales contra los funcionarios involucrados. También deja planteada una reserva de acciones penales, por lo que la presentación ante el Tribunal de Cuentas podría ser el primer paso de una estrategia más amplia de Román después de recuperar la conducción del municipio.
La ofensiva se produce pocos días después de que la Justicia provincial resolviera el conflicto de poderes a favor del intendente. Con su regreso al Ejecutivo, Román no sólo recuperó el ejercicio del cargo sino que ahora busca trasladar la discusión hacia las consecuencias económicas e institucionales que, según sostiene, provocó la suspensión que el STJ terminó dejando sin efecto.
Será el Tribunal de Cuentas el encargado de determinar si existieron perjuicios al patrimonio municipal y si corresponde atribuir responsabilidad individual a los funcionarios y concejales señalados. La presentación de Román abre así una nueva instancia de disputa en Allen, esta vez centrada en los costos y las decisiones adoptadas durante el período en que estuvo apartado de la Intendencia.