3 de septiembre de 2026
CHUBUT
La Legislatura aprobó una exención al inmobiliario para establecimientos ganaderos
Se dio luz verde por amplia mayoría a la prórroga del beneficio durante 2026 para establecimientos productivos ubicados fuera de los ejidos municipales. La medida alcanza a inmuebles destinados exclusivamente a la actividad ganadera y contempla un mecanismo para quienes ya abonaron el impuesto
La Legislatura de Chubut aprobó este jueves una nueva medida de alivio fiscal para el sector ganadero, al sancionar la prórroga de la exención del impuesto inmobiliario correspondiente al período fiscal 2026. El beneficio alcanza a los establecimientos productivos ubicados dentro del territorio provincial y fuera de los ejidos municipales, siempre que estén afectados de manera exclusiva a la actividad ganadera.
La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y obtuvo el respaldo de la mayoría de los bloques. Votaron a favor Despierta Chubut, Familia Chubutense, Chubut Unido y Compromiso Chubut, mientras que Arriba Chubut acompañó con la excepción de Norma Arbilla. El PICH y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta.
La norma también contempla a quienes ya realizaron pagos durante 2026. En esos casos, los montos abonados serán considerados a cuenta del impuesto correspondiente a 2027 y, si quedara un saldo a favor, podrán imputarse a períodos fiscales posteriores.
El esquema incorpora además una prórroga para los vencimientos del impuesto inmobiliario correspondientes a 2023 y 2024 para los establecimientos comprendidos por el régimen. La aplicación estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH), que deberá determinar el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley.
Uno de los puntos centrales del debate fue el universo de productores que podrá acceder al beneficio. Durante la sesión se mencionó que el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios contabiliza alrededor de 8.600 productores con actividad en Chubut. Sin embargo, la cantidad de inscriptos no equivale necesariamente al número de inmuebles alcanzados, ya que los beneficiarios deberán acreditar que los establecimientos cumplen con el requisito de afectación exclusiva a la actividad ganadera.
El diputado Leonardo Bowman, de Despierta Chubut, defendió la medida como una herramienta destinada principalmente a pequeños y medianos productores. Según planteó, el objetivo es reducir la presión tributaria sobre establecimientos que atraviesan dificultades y sostener la continuidad de las explotaciones en el interior provincial.
Desde el oficialismo también se puso el foco en las dificultades que atraviesa la actividad por factores climáticos y productivos. El presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, enumeró entre las contingencias que afectaron al sector las sequías, nevadas, incendios, sarna, tucura y cenizas volcánicas. También destacó la continuidad con fondos provinciales de los programas ProLana y Mohair luego de que Nación decidiera discontinuarlos.
La discusión parlamentaria, sin embargo, estuvo lejos de limitarse al alcance de la exención. Desde Arriba Chubut cuestionaron que la medida representa un alivio para los productores, pero plantearon que el sector necesita respuestas de mayor alcance. Vanesa Abril señaló que la Federación de Sociedades Rurales pidió una reunión con la Provincia ante la situación que atraviesa la actividad y consideró que el beneficio aprobado funciona como un paliativo.
El presidente de esa bancada, Juan Pais, fue más allá y cuestionó la política productiva del Gobierno de Ignacio Torres. Entre sus argumentos mencionó los cambios registrados en el Ministerio de Producción y reclamó definiciones sobre el rumbo de la producción provincial. También recordó un proyecto presentado en 2025 para promover la acuicultura como política de Estado, que según afirmó todavía no fue incorporado al tratamiento legislativo.
Norma Arbilla, también de Arriba Chubut pero en disidencia con su bloque, votó en contra y reclamó precisiones sobre el modelo productivo que pretende desarrollar la provincia. Su planteo estuvo orientado a conocer cuál será el futuro de los pequeños productores y cuáles serán las políticas de largo plazo destinadas al sector.
El PICH y el Frente de Izquierda también rechazaron la iniciativa, aunque desde distintos argumentos. Tatiana Goic cuestionó la falta de precisiones sobre los beneficiarios y planteó reparos respecto de las condiciones laborales en algunos establecimientos rurales. Andrea Toro, del PICH, centró su rechazo en la ausencia de información suficiente sobre el criterio de selección de los inmuebles alcanzados y el impacto de la medida sobre la recaudación provincial. Juan Aquino, del Frente de Izquierda, sostuvo que el esquema no necesariamente llega a los productores que atraviesan las situaciones más complejas.
Dentro de los bloques que acompañaron el proyecto también hubo una mirada crítica sobre el alcance de la herramienta. Mariela Williams consideró que el sector viene acumulando dificultades vinculadas al clima, las plagas, los depredadores y el bajo precio de la lana. Aunque respaldó la exención, reconoció que se trata de una respuesta acotada frente a una crisis que requiere otras medidas.
La sanción de la ley deja así establecido un beneficio tributario concreto para los establecimientos ganaderos que cumplan con las condiciones previstas durante 2026. El debate legislativo, al mismo tiempo, volvió a instalar una discusión más amplia sobre la situación de la producción rural en Chubut, la asistencia estatal y las políticas necesarias para sostener a los pequeños y medianos productores.