31 de agosto de 2026
SANTA CRUZ
Caso Luxen: desde la opocisión piden investigar el presunto seguimiento y apuntan a la Policía
Legisladores y referentes de Unión por la Patria cuestionaron la situación denunciada por el jefe de Gabinete y reclamaron información al Ministerio de Seguridad. La presentación de Luxen permanece bajo investigación judicial
La denuncia presentada por el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, por la presunta vigilancia frente a su domicilio sigue metiéndose en discusión política de la provincia. Legisladores y dirigentes de Unión por la Patria reclamaron explicaciones sobre el episodio y plantearon que se determine si hubo participación de integrantes de la Policía provincial.
El planteo fue realizado durante una conferencia de prensa en Río Gallegos, de la que participaron los diputados provinciales Carlos Godoy y Eloy Echazú, la diputada nacional Moira Lanesan Sancho, además de abogados y referentes vinculados al espacio opositor. Los dirigentes sostuvieron que las circunstancias denunciadas requieren información de las autoridades responsables de la seguridad.
Godoy señaló que desde el bloque se recurrió a las herramientas legislativas disponibles y que se impulsó un pedido para que el ministro de Seguridad y autoridades de la Jefatura de Policía concurran a brindar explicaciones. El reclamo busca conocer qué información manejan los organismos provinciales sobre los hechos denunciados por Luxen.
Echazú también reclamó que se esclarezca el origen de los movimientos denunciados y que la investigación determine si estuvieron involucrados efectivos de la Policía de Santa Cruz. Lanesan Sancho, en tanto, cuestionó el episodio y sostuvo que deben establecerse las responsabilidades correspondientes.
Los planteos opositores se producen luego de que Luxen acudiera a la Justicia tras detectar, según consta en su denuncia, la presencia reiterada de vehículos y personas en las inmediaciones de una propiedad vinculada a su entorno. Entre los elementos mencionados aparece un Peugeot 208 que el funcionario identificó como perteneciente a la Policía provincial.
El episodio que derivó en la presentación ocurrió el 22 de agosto. De acuerdo con la denuncia, Luxen siguió al vehículo hasta una estación de servicio del barrio San Benito, donde habría mantenido un intercambio con su conductor. El funcionario sostuvo que el hombre reconoció pertenecer a la fuerza y habría mencionado la participación de otros efectivos en días anteriores.
Luxen también aportó elementos audiovisuales y señaló la existencia de cámaras de seguridad en propiedades cercanas. En su presentación solicitó que se preserven esos registros y que se adopten medidas para determinar qué vehículos y personas estuvieron en las inmediaciones de su domicilio.
Además, el jefe de Gabinete manifestó temor por su seguridad y la de su familia y pidió que cualquier medida de protección sea instrumentada por fuerzas federales, debido a que la denuncia involucra presuntamente a integrantes de la Policía de Santa Cruz.
Según pudo saber La Tecla Patagonia, la presentación es conocida dentro del Gobierno provincial y es observada a partir del antecedente del conflicto policial que se extendió durante aproximadamente 45 días y terminó con un acuerdo entre los representantes de la fuerza y las autoridades. En la administración provincial sostienen que todavía existe malestar entre un sector de efectivos y retirados que no quedó conforme con el resultado de aquella negociación.
Ese antecedente es señalado como uno de los elementos que deben ser considerados al analizar el episodio, aunque desde el Gobierno provincial sostienen que será la Justicia la que deberá determinar si existe alguna relación entre aquel conflicto y los hechos denunciados por Luxen.
La investigación deberá establecer si efectivamente hubo una vigilancia organizada, quiénes participaron, quién pudo haber dispuesto su realización y si existía alguna orden judicial o administrativa que justificara la presencia de personal policial en las inmediaciones de la propiedad.
Hasta el momento, la denuncia no determina por sí misma que haya existido espionaje ilegal ni atribuye responsabilidades penales. Esos aspectos deberán ser establecidos durante la investigación judicial, mientras el reclamo opositor trasladó el caso al terreno legislativo con pedidos de información a las autoridades provinciales de Seguridad.