27 de agosto de 2026
RIO NEGRO
Cerro Catedral: el Concejo de Bariloche puso bajo la lupa la concesión y el control estatal
Una comisión especial comenzó a revisar el contrato vigente desde 2018 y recibió reclamos de instructores, fotógrafos, parapentistas y otros trabajadores de la montaña. También cuestionaron el funcionamiento del EAMCEC y pidieron conocer las infracciones aplicadas a la concesionaria.
El funcionamiento del cerro Catedral quedó formalmente bajo revisión del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche, que abrió una comisión especial para analizar el contrato de concesión vigente y los problemas denunciados por distintos sectores que desarrollan actividades en la montaña. La primera reunión dejó cuestionamientos tanto hacia Catedral Alta Patagonia (CAPSA), la empresa concesionaria, como hacia el organismo municipal encargado de fiscalizarla.
El encuentro se extendió durante más de dos horas y media y reunió a representantes de diferentes actividades vinculadas al centro de esquí. El objetivo planteado por los concejales es avanzar en una revisión del convenio aprobado en 2018 y evaluar una eventual modificación que permita incorporar actividades y situaciones que no estaban contempladas cuando se establecieron las condiciones actuales de la concesión.
El oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de escuchar a los sectores involucrados y evitar que el espacio se transforme exclusivamente en una disputa política. La intención es que las reuniones tengan continuidad cada 15 días y que, en próximas instancias, también participe CAPSA.
Uno de los principales ejes de la discusión fue el papel del Ente Autárquico Municipal de Control del Cerro Catedral (EAMCEC). Durante la reunión aparecieron cuestionamientos por la capacidad de fiscalización del organismo y por las respuestas frente a las situaciones denunciadas por trabajadores y usuarios del centro de esquí.
La concejal Julieta Wallace planteó que, además de analizar el comportamiento de la empresa, resulta necesario revisar qué hizo el ente municipal frente a los incumplimientos denunciados. A partir de esa propuesta, la comisión resolvió solicitar al EAMCEC documentación sobre las actuaciones realizadas desde la entrada en vigencia del contrato de 2018.
El pedido incluirá las denuncias presentadas por terceros, las actas labradas, las infracciones detectadas y las multas aplicadas a CAPSA. El objetivo es contar con información concreta sobre el nivel de control ejercido por el Estado municipal y determinar qué situaciones fueron efectivamente constatadas y cuáles no.
Los reclamos de quienes trabajan en Catedral estuvieron vinculados principalmente con las condiciones de acceso a la montaña y las restricciones para desarrollar determinadas actividades. Instructores de esquí y snowboard, profesores de educación física, guías, parapentistas, fotógrafos y representantes del snowscoot expusieron diferentes dificultades.
Entre los planteos apareció la situación de los parapentistas, que reclamaron poder desarrollar su actividad tanto con fines recreativos como comerciales dentro del cerro. También se cuestionó la restricción aplicada al snowscoot, una modalidad que combina características de una bicicleta con una tabla de snowboard y que, según sus representantes, funcionó en Catedral desde 2017 hasta que la concesionaria limitó su utilización.
Los profesores de educación física señalaron dificultades para realizar actividades guiadas y cuestionaron las condiciones de los pases que necesitan para trabajar. Los fotógrafos y camarógrafos, en tanto, reclamaron por la modificación de los accesos y por la eliminación de un pase específico que históricamente les permitía desarrollar su tarea en la montaña.
En este último caso, representantes del sector señalaron que durante la temporada de invierno consiguieron mantener el acceso luego de gestiones realizadas ante el Concejo, pero advirtieron que no existe una garantía sobre las condiciones que tendrán una vez finalizado el período invernal.
Los instructores también apuntaron contra la necesidad de mejorar los mecanismos de control. Durante la reunión se planteó que las dificultades que atraviesan quienes trabajan en Catedral no son solamente cuestiones comerciales de la empresa, sino que requieren una intervención más activa del organismo municipal responsable de controlar el cumplimiento de la concesión.
El debate legislativo también alcanzó las condiciones establecidas en el contrato de 2018. La concejal Samantha Echenique advirtió que antes de determinar incumplimientos es necesario revisar en detalle qué obligaciones fueron efectivamente incorporadas al convenio. Señaló, por ejemplo, que cuestiones como el cálculo del pase para residentes ya tienen parámetros fijados en el contrato.
Del mismo modo, recordó que el acuerdo establece obligaciones para el propio Estado municipal en materia de parámetros urbanísticos, otro de los aspectos que actualmente aparecen vinculados a las discusiones sobre el funcionamiento del cerro.
La comisión pretende avanzar ahora en dos líneas paralelas. Por un lado, reconstruir qué ocurrió durante la vigencia del contrato y cuál fue la actuación del EAMCEC frente a las denuncias e infracciones. Por otro, discutir con los distintos sectores si resulta necesario modificar el convenio para contemplar actividades que hoy quedaron fuera de sus previsiones originales.
La eventual modificación del contrato no podría quedar únicamente en un acuerdo entre la empresa y el Ejecutivo municipal. Del Río explicó que cualquier adenda que se alcance deberá ser aprobada por el Concejo Deliberante y requerirá una mayoría especial de ocho votos.
CAPSA manifestó su disposición a concurrir a las próximas instancias cuando sea convocada. Desde la empresa señalaron que están disponibles para aportar su posición sobre las cuestiones vinculadas al cerro.
La próxima etapa tendrá así un elemento central: conocer qué documentación puede aportar el EAMCEC sobre su actuación desde 2018 y contrastarla con los reclamos que fueron expuestos ante los concejales. Sobre esa base, el Concejo buscará determinar si los problemas denunciados corresponden a incumplimientos de la concesionaria, deficiencias de fiscalización estatal o aspectos que directamente requieren una actualización del contrato.