24 de agosto de 2026
SANTA CRUZ
Coincidencia vidalista y libertaria: buscan eliminar la Cámara Federal de Piedra Buena
Los diputados nacionales José Luis Garrido y Jairo Guzmán presentaron proyectos para derogar la ley que creó el tribunal en 2015 y que nunca llegó a funcionar. El libertario propone además devolver a Comodoro Rivadavia la competencia sobre los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego
La Cámara de Diputados de la Nación vuelve a discutir el futuro de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Comandante Luis Piedra Buena, un tribunal creado hace más de una década pero que nunca comenzó a funcionar. Dos representantes de Santa Cruz, José Luis Garrido y Jairo Guzmán, coincidieron en impulsar su eliminación, aunque sus proyectos presentan algunas diferencias sobre la forma de reorganizar la competencia judicial.
Garrido, alineado políticamente con el gobernador Claudio Vidal, había presentado en mayo una iniciativa para derogar la Ley 27.154, sancionada en 2015. Ahora se incorporó al debate el proyecto de Guzmán, diputado de La Libertad Avanza, que ingresó formalmente a la Cámara el 19 de agosto y propone también dejar expresamente establecido que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia vuelva a intervenir sobre los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La coincidencia entre ambos legisladores adquiere relevancia porque sus espacios mantienen diferencias políticas a nivel provincial y nacional. Sin embargo, en este caso comparten el diagnóstico de que la estructura creada en 2015 no logró justificar su existencia, principalmente porque nunca pudo ponerse en funcionamiento.
La Cámara fue diseñada para atender causas civiles, comerciales, laborales, contencioso administrativas, de ejecución fiscal, penales y vinculadas con derechos humanos. La creación del tribunal buscaba modificar el esquema vigente hasta entonces, por el cual las apelaciones de los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego eran resueltas por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Uno de los principales cuestionamientos actuales está relacionado con la sede elegida. Piedra Buena se encuentra a unos 240 kilómetros de Río Gallegos y no dispone de aeropuerto comercial con vuelos regulares. El proyecto de Guzmán plantea que esas condiciones dificultan la instalación de un tribunal de alzada y no necesariamente mejoran el acceso a la Justicia para quienes deben trasladarse desde distintos puntos de la región.
El legislador también incorpora el caso de Caleta Olivia. Según las distancias consignadas en su iniciativa, ese juzgado federal se encuentra aproximadamente a 80 kilómetros de Comodoro Rivadavia, mientras que la eventual dependencia de una Cámara ubicada en Piedra Buena implicaría un traslado de alrededor de 400 kilómetros.
A las dificultades de conectividad se suma la falta de infraestructura. Guzmán cita documentación del Consejo de la Magistratura vinculada con los intentos de conseguir un inmueble para instalar el tribunal. De acuerdo con esos antecedentes, no se encontró inicialmente un edificio disponible a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y posteriormente se analizaron alternativas en la localidad.
Una de las propiedades relevadas fue descartada por sus condiciones. Otra, ubicada en Bicentenario 352, contaba con 397,66 metros cuadrados cubiertos, una superficie considerablemente inferior a los aproximadamente 1.000 metros cuadrados previstos en el programa de necesidades para las cuatro secretarías contempladas originalmente por la ley.
La falta de una sede adecuada terminó convirtiéndose en uno de los obstáculos para concretar la puesta en funcionamiento de la Cámara.
Guzmán suma además argumentos vinculados con el volumen de expedientes. Según estadísticas del Poder Judicial correspondientes a 2021 citadas en su proyecto, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia recibió 2.497 expedientes durante ese año. El diputado compara ese número con otras cámaras federales del país, como Rosario, Córdoba, Mar del Plata y La Plata, que registraron volúmenes significativamente superiores.
En los fundamentos también se menciona la población comprendida por la jurisdicción. El proyecto estima en 522.598 los habitantes alcanzados por la Cámara proyectada a partir de datos del Censo 2022, mientras que Piedra Buena contaba con 9.278 habitantes.
Otro punto que quedó instalado en el debate es la situación de los magistrados designados para integrar el tribunal. En 2022 fueron nombrados Marcelo Hugo Bersanelli, Carlos Augusto Borges y Nelson Andrés Sánchez mediante los decretos 780/22, 781/22 y 782/22.
La cuestión había sido planteada durante el tratamiento del proyecto de Garrido por legisladores que rechazaron la derogación. Desde Unión por la Patria, Ana María Ianni advirtió sobre las consecuencias jurídicas que podría tener la eliminación de un tribunal cuyos jueces ya fueron designados.
Guzmán aborda expresamente ese planteo. Sostiene que el proceso de incorporación de los magistrados no se habría completado porque no prestaron juramento ni se les asignó jurisdicción. Sobre esa base, interpreta que la derogación de la Cámara no afectaría derechos adquiridos ni las garantías de estabilidad e inamovilidad propias de quienes ejercen efectivamente la magistratura.
El debate parlamentario también generó un cruce entre diputados santacruceños. Garrido defendió la eliminación del tribunal frente a los cuestionamientos del peronismo, mientras que Juan Carlos Molina rechazó la derogación y planteó como alternativas otras sedes, entre ellas Río Gallegos o Ushuaia.
La discusión ahora incorpora una segunda iniciativa con un alcance específico. Mientras el proyecto de Garrido apunta a eliminar la estructura creada por la Ley 27.154, Guzmán establece qué debería suceder con la competencia judicial una vez derogada la norma: propone restituir formalmente a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia como tribunal de alzada para los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La creación de la Cámara de Piedra Buena se remonta a 2015 y desde entonces hubo otros intentos parlamentarios para modificar o derogar la norma. Ninguno logró avanzar hasta su aprobación definitiva. La falta de funcionamiento efectivo, los problemas para conseguir una sede y el debate sobre la distribución territorial de los juzgados volvieron a colocar el tema en la agenda del Congreso.