19 de agosto de 2026
SANTA CRUZ
La Asociación de Magistrados advirtió que está en juego la independencia judicial
El organismo emitió un duro comunicado contra la decisión de la Caja de Previsión Social de conceder la jubilación a tres vocales que habían iniciado el trámite. Señalaron los riesgos sobre la inamovilidad de los jueces
El nuevo frente que se abrió en el Poder Judicial de Santa Cruz con las jubilaciones que la Caja de Previsión Social (CPS) concedió a tres vocales del Tribunal Superior de Justicia editó un nuevo capítulo. La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Santa Cruz cuestionó el procedimiento y advirtió que están en juego la independencia judicial y la garantía de inamovilidad de los magistrados.
En un comunicado que difundió Ahora Calafate, la entidad se pronunció en contra de la medida que afecta a Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña.
La Asociación de Magistrados marcó la necesidad de diferenciar expresamente el otorgamiento de una jubilación de la finalización de la función judicial. Sostienen que “Reconocer un derecho previsional y finalizar la función judicial son cuestiones distintas”.
Desde la Caja, el presidente, Pablo Pérez, había afirmado que los expedientes fueron iniciados voluntariamente por sus titulares y que el organismo se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos previsionales y aplicar el procedimiento establecido por la normativa vigente.
El Comunicado de la Asociación, sostiene que “el hecho de tener los requisitos para jubilarse no autoriza a una autoridad administrativa (CPS) a disponer la separación del cargo”. Agrega que si eso ocurriera se estaría utilizando “un mecanismo por fuera del previsto en la Constitución de la Provincia de Santa Cruz”, vulnerando además “la garantía de inamovilidad” de los magistrados.
En su comunicado, la Asociación también formula un cuestionamiento directo a la forma en que actuó la Caja. La entidad sostiene que el Directorio de la CPS resolvió conceder la jubilación a diez integrantes del Poder Judicial “en forma selectiva e inconsulta”.
Pérez había asegurado que “los expedientes no se eligen” y que la CPS debe aplicar la Ley 1782 a todos los afiliados que se encuentren en las mismas condiciones. El titular del organismo también remarcó que la Caja no determina quién puede permanecer o no en un cargo judicial, sino que su función consiste en establecer si una persona tiene derecho a una prestación previsional y resolver el correspondiente expediente.
La Asociación, en cambio, advierte que cuando ese procedimiento termina incidiendo sobre la continuidad de un magistrado entra en juego la garantía constitucional de inamovilidad.
Otro cuestionamiento realizado por el organismo advierte que nueve de los diez integrantes del Poder Judicial alcanzados por esta decisión son mujeres, por lo que el impacto en la paridad de género será importante. “Este proceder importa una vulneración grave a la legislación vigente, la igualdad y paridad de género de origen constitucional, ya que transforma la representación de las mujeres en el Poder Judicial de la Provincia”, se lee en el documento.