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Sábado, 15 agosto 2026
Argentina
15 de agosto de 2026
SANTA CRUZ

Del juicio político a las jubilaciones: la semana que reconfiguró el viejo TSJ

Los cuatro vocales que estaban antes de la ampliación del máximo tribunal provincial sobrevivieron al intento de destitución en la Legislatura y, horas después, tres de ellos accedieron al beneficio jubilatorio aprobado por la Caja de Previsión

Del juicio político a las jubilaciones: la semana que reconfiguró el viejo TSJ
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Los magistrados que integraban el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz antes de la ampliación del máximo tribunal atravesaron una semana decisiva. En pocos días, la Legislatura rechazó el juicio político contra cuatro vocales y la Caja de Previsión Social aprobó las jubilaciones de tres de ellos, en una secuencia que vuelve a modificar el escenario judicial de la provincia.

El primer movimiento ocurrió en la Sala Acusadora, que desestimó por mayoría el pedido de juicio político contra Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta. La votación fue secreta y el resultado dejó en evidencia que la iniciativa no consiguió respaldo suficiente para avanzar.

Horas más tarde, el Directorio de la Caja de Previsión aprobó 27 nuevos beneficios jubilatorios alcanzados por el Decreto 608. Entre ellos quedaron incluidas Fernández, Mercau y Ludueña, quienes ya habían iniciado previamente el trámite, según explicaron desde el organismo.

La decisión volvió a poner bajo la lupa el decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal, cuya aplicación había sido frenada por una cautelar del anterior TSJ y luego reactivada cuando esa medida fue revocada por la nueva integración del tribunal.

El vocal por los activos en la Caja, Cristian Sánchez, votó en contra y anticipó que analizará nuevas acciones judiciales al considerar que el decreto modifica aspectos de la Ley 1782 y altera el régimen previsional vigente.

Las jubilaciones todavía deben completar su circuito administrativo y el Poder Judicial conserva la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta 180 días para mantener a las magistradas en funciones.

Si finalmente se efectivizan los retiros, el Tribunal Superior volverá a quedar con vacantes que deberán ser cubiertas mediante nuevos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

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