6 de agosto de 2026
CHUBUT
Torres sumó respaldo legislativo para enfrentar la crisis hídrica y ordenar cuentas
La Legislatura aprobó la Emergencia Hídrica por un año y dio luz verde al acuerdo de compensación de deudas con Nación. El oficialismo defendió ambas iniciativas como herramientas estratégicas, mientras la oposición cuestionó la falta de información y controles
La Legislatura del Chubut protagonizó este jueves una jornada de fuerte contenido político al aprobar dos de los proyectos más relevantes impulsados por el Poder Ejecutivo: la declaración de la Emergencia Hídrica por el plazo de un año y la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con el Estado nacional, una herramienta destinada a compensar deudas y acreencias entre ambas administraciones.
El primero de los proyectos en ser sancionado fue la declaración de la Emergencia Hídrica, una medida que busca acelerar la respuesta estatal frente a la crisis que atraviesan distintas regiones de la provincia por la escasez de agua.
La iniciativa obtuvo 17 votos afirmativos y habilita al Instituto Provincial del Agua (IPA) y a la Secretaría de Infraestructura a ejecutar obras urgentes y realizar contrataciones directas para atender situaciones críticas vinculadas con el abastecimiento del recurso. Además, faculta al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias destinadas a afrontar la emergencia.
Desde el oficialismo, el diputado Sergio Ongarato defendió la propuesta al sostener que la provincia necesita contar con mecanismos ágiles para intervenir en una problemática que compromete tanto el consumo humano como la producción y el desarrollo económico.
Sin embargo, el debate estuvo atravesado por cuestionamientos de la oposición. Los legisladores del bloque Arriba Chubut rechazaron la iniciativa al considerar que otorga amplias facultades al Ejecutivo sin un plan hídrico integral que respalde las decisiones. También expresaron reparos sobre la posibilidad de realizar contrataciones directas y reclamaron mayores mecanismos de control sobre la ejecución de los recursos públicos.
La diputada Tatiana Goic optó por abstenerse al argumentar que la información brindada por los funcionarios durante el tratamiento en comisión no permitió despejar las dudas planteadas por los legisladores.
Durante la discusión también surgieron advertencias respecto de las perforaciones subterráneas previstas para reforzar el abastecimiento de agua. Algunos diputados reclamaron estudios técnicos más profundos sobre la capacidad de recuperación de los acuíferos y plantearon la necesidad de establecer prioridades claras para el uso del recurso.
Pese a las diferencias, la ley fue sancionada y establece que las áreas responsables deberán informar periódicamente los gastos realizados bajo el régimen excepcional al comité de emergencia creado para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas.
La otra iniciativa de mayor peso político aprobada durante la sesión fue la adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre Chubut y el Estado nacional.
El proyecto ratifica el convenio firmado entre ambas administraciones y habilita a la provincia a avanzar en el proceso de compensación de deudas, créditos y obligaciones pendientes con Nación, dentro del esquema impulsado por el Gobierno nacional para regularizar cuentas con las provincias.
Desde el oficialismo sostuvieron que la herramienta permitirá ordenar la situación financiera provincial y facilitar la recuperación de obras, bienes y recursos que permanecen pendientes de resolución con la administración nacional.
Los diputados Luis Juncos y Daniel Hollmann defendieron el acuerdo al considerar que constituye un instrumento para sanear las finanzas provinciales y fortalecer la capacidad de inversión del Estado.
En cambio, la oposición volvió a cuestionar la falta de información técnica sobre el contenido del convenio y advirtió que no existían precisiones suficientes respecto del impacto financiero de la medida. Legisladores de Arriba Chubut señalaron que la aprobación implicaba respaldar un acuerdo sin conocer en detalle cómo se financiarán futuras obras o eventuales obligaciones derivadas del régimen.
Con ambas leyes aprobadas, el Gobierno de Ignacio Torres consiguió avanzar con dos proyectos considerados estratégicos para la segunda mitad de su gestión: uno orientado a enfrentar una problemática ambiental y de infraestructura que afecta a gran parte del territorio provincial y otro vinculado con el ordenamiento de las cuentas públicas y la relación financiera con el Estado nacional.