Los malabares de Vidal: entre emergencias en Santa Cruz
Nueve leyes de urgencia en poco más de dos años marcaron la gestión del Gobernador. La sucesión de normas expuso la fragilidad de la provincia y el escenario cambiante en la Legislatura
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Desde que Claudio Vidal asumió la gobernación de Santa Cruz a fines de 2023, la Legislatura provincial sancionó una sucesión de declaraciones de emergencia que, leídas en conjunto, dibujan un mapa de debilidades estructurales profundas y, al mismo tiempo, revelan los límites políticos de una administración que ha recurrido de manera reiterada a herramientas extraordinarias para intentar gobernar.
En estos dos últimos años y medio se aprobaron por ley al menos nueve emergencias de distinto alcance: energética, alimentaria y administrativa, climática en dos oportunidades, hídrica también en dos etapas, habitacional en El Chaltén, hidrocarburífera, y comercial-industrial-Pyme.
De ellas, seis ya concluyeron su vigencia formal. La energética rigió hasta el 31 de diciembre del 2024 sin prórroga registrada. La alimentaria y administrativa, Ley 3850, también de abril de 2024, tuvo una vigencia de solo tres meses y permitió contrataciones directas en áreas sensibles como Educación, Salud y Desarrollo Social. La climática de 2024, Ley 3862, ratificó un decreto de junio y duró noventa días. La hídrica 2024-2025, Ley 3874, se extendió hasta el 31 de marzo de 2025 e incluyó exenciones de pago de agua por cortes prolongados. La climática de 2025, Ley 3989, de apenas treinta días, respondió a un temporal de viento que hundió embarcaciones en Caleta Paula. Finalmente, la habitacional de El Chaltén, Ley 3880, de un año de duración, venció formalmente hacia agosto septiembre de 2025 aunque sus efectos administrativos y las gestiones asociadas continúan en 2026.
Quedan vigentes la hídrica de 2025-2026, Ley 3994, y la comercial, Ley 3996, mientras la hidrocarburífera, Ley 3914, se encuentra prorrogada por decreto ad referendum hasta el 20 de septiembre de 2026.
En términos presupuestarios, una declaración de emergencia otorga al Poder Ejecutivo facultades excepcionales que modifican de manera sustancial el modo ordinario de administrar los recursos públicos. Permite reasignar partidas presupuestarias sin necesidad de una nueva ley, celebrar contrataciones directas eludiendo en buena medida los procedimientos de licitación pública, suspender plazos y trámites administrativos, celebrar convenios con la Nación u organismos técnicos, y ejecutar fondos con mayor celeridad para atender situaciones que se consideran críticas. Es, en la práctica, una herramienta de flexibilidad administrativa y financiera que elude parte de las rigideces del presupuesto anual aprobado por la Legislatura.
Su reiteración, sin embargo, no solo revela la magnitud de los problemas estructurales que arrastra Santa Cruz sino también la capacidad de maniobra que el oficialismo ha tenido en la Cámara de Diputados para imponer estas herramientas en los momentos en que las necesitaba.
Esa capacidad, no obstante, ha mostrado signos claros de deterioro en los últimos meses. La bancada oficialista, que en 2024 y buena parte de 2025 logró aprobar casi por unanimidad o con amplias mayorías las emergencias sectoriales, enfrenta hoy mayores dificultades para sostener consensos.
Esa erosión legislativa quedó expuesta con crudeza en dos episodios recientes. El primero fue el proyecto de Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, enviado a comienzos de marzo para reorganizar el gasto público, limitar aumentos salariales y avanzar en jubilaciones anticipadas: una masiva protesta gremial frente a la Legislatura , con ATE, ADOSAC y el resto del Frente Sindical al frente, impidió su tratamiento y forzó al propio bloque oficialista a devolver el proyecto al Ejecutivo. Pese al anuncio de una reformulación con "mesa de diálogo intersindical", la iniciativa nunca recuperó estado parlamentario.
El segundo fue el intento de autorizar un endeudamiento externo de hasta 600 millones de dólares mediante la Ley de Financiamiento Estratégico, que requería una mayoría especial de dos tercios, dieciséis votos, inalcanzable para un bloque de diez legisladores propios. Dicha iniciativa rondó en comisiones y reveló un dato preocupante en términos políticos para el mismo Vidal: algunos intendentes de su frente electoral firmaron en conjunto con opositores kirchneristas un comunicado en que cuestionaron duramente la intención de tomar deuda. Finalmente el proyecto volvió a trabajo legislativo como uno de los grandes pendientes para este segundo semestre.
El uso reiterado de las emergencias ha funcionado, entonces, como un termómetro doble. Por un lado, expone la densidad de las problemáticas estructurales que Santa Cruz arrastra desde hace décadas y que la gestión de Vidal no ha logrado resolver de raíz. Por otro, refleja los límites políticos de una administración que necesita cada vez más herramientas extraordinarias para gobernar y que, al mismo tiempo, ve reducida su capacidad de imposición legislativa.
Emergencia Comercial: un alivio fiscal para mantener el entramado productivo
La Cámara de Diputados sancionó la Ley 3996 el 19 de febrero de 2026, declarando la emergencia comercial, industrial y pyme en toda la provincia hasta el 31 de diciembre de este año. Es la herramienta más reciente del paquete de emergencias vidalistas y la que apunta de forma más directa al entramado productivo privado: comercios, industrias y pequeñas y medianas empresas golpeadas por la caída del consumo y el contexto económico nacional.
La norma, elaborada en conjunto por los ministerios de Producción, Comercio e Industria y de Economía, Finanzas e Infraestructura, suspende las ejecuciones fiscales que impulsa la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos contra contribuyentes en dificultades, e instruye a las empresas estatales a implementar planes de pago con quitas de intereses y tasas financiadas que no superen el 25% anual.
La ministra de Producción, Nadia Ricci, la presentó como el primer eslabón de un plan de tres ejes que seguiría con nuevas medidas de alivio fiscal, y remarcó que su impacto sobre la recaudación provincial sería acotado porque el 87% de los ingresos brutos proviene de grandes contribuyentes, no de las pymes alcanzadas. La ley también crea una Comisión de Seguimiento, con un representante por cada bloque parlamentario y participación de cámaras empresariales, cuya conformación la propia Legislatura todavía reclamaba terminar en abril. El Ejecutivo reglamentó la norma recién en mayo, habilitando a los comercios a iniciar trámites de regularización y acceder a certificados de libre deuda.
El pendiente de la Emergencia Habitacional
El jueves pasado, la Cámara de Diputados de Santa Cruz celebró una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de Emergencia Habitacional provincial impulsado por el oficialismo. La iniciativa, que proponía declarar la emergencia por dos años en todo el territorio, generó fuertes cruces políticos y reproches. Ante la falta de consensos, reclamos por datos estadísticos insuficientes y cuestionamientos sobre los fondos FONAVI, el proyecto no se aprobó y fue derivado a seis comisiones para su análisis.
Piero Boffi – diputado provincial del bloque Santa Cruz Adelante “La construcción de mayorías hoy requiere mucho más diálogo”
En intercambio con La Tecla Patagonia, El diputado provincial del bloque Santa Cruz Adelante y representante del municipio de Puerto San Julián, Piero Boffi, atribuyó el cambio en la dinámica legislativa a la falta de diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados. "Hay que hacer una lectura objetiva de lo que pasó. Desde el inicio del año hubo muchas falencias en la comunicación. La falta de diálogo y de consensos fue generando dificultades para construir acuerdos que permitieran avanzar con distintas iniciativas". El exmiembro de la bancada vidalista recordó que "al principio existía un escenario político diferente, con un bloque oficialista más consolidado y con prioridades urgentes que facilitaron el tratamiento de emergencias".
Sin embargo, sostuvo que "hoy existen nuevas miradas dentro del oficialismo que no siempre logran el acompañamiento de una parte de la Legislatura, y eso hace que la construcción de mayorías requiera mucho más diálogo, consenso y trabajo político".
Respecto de la Emergencia Hídrica, indicó que "todavía quedan desafíos importantes por resolver", aunque destacó avances concretos en Puerto San Julián: el inicio de la obra de provisión de agua para el sector de los 500 lotes y el recambio de unos 12 kilómetros de cañería del acueducto Comandante Luis Piedra Buena-Puerto San Julián, trabajos que, según explicó, permitirán reducir pérdidas y mejorar la continuidad del servicio.
"Creo que esos son resultados concretos que muestran que las herramientas otorgadas por la Legislatura permitieron avanzar en obras que eran necesarias. Ahora bien, una emergencia no puede transformarse en un estado permanente: las facultades extraordinarias deben traducirse en soluciones verificables, con planificación, control y rendición de cuentas", concluyó.
Daniel Peralta – diputado provincial Santa Cruz Somos “Vivir entre emergencias no es saludable para ningún gobierno”
El diputado provincial Daniel Peralta, integrante del bloque Santa Cruz Somos Todos señaló a La Tecla Patagonia que desde el inicio de la gestión de Claudio Vidal "le aprobamos todas las emergencias, salvo la emergencia económica que quisieron poner y que ni siquiera tomó estado parlamentario. Fue un papelón porque, por la presión de los sindicatos y por la negativa nuestra a tratarla, el mismo bloque oficialista terminó devolviendo el proyecto al Ejecutivo”.
Sobre el escenario legislativo, afirmó que "claramente hay una merma en la capacidad de construir consensos, no solo en la Cámara sino con los distintos sectores de la sociedad", y consideró que el Gobierno impulsa iniciativas "sin el trabajo previo necesario para alcanzar acuerdos".
El exgobernador también cuestionó la recurrencia de este tipo de herramientas. "Vivir de emergencia en emergencia a casi tres años de gestión no es saludable para ningún gobierno, demuestra muchas cosas negativas", sostuvo.
Respecto de la emergencia hidrocarburífera, evaluó que "no se ven los resultados efectivos" y aseguró que "la emergencia no sostuvo el empleo y tampoco aumentó la producción significativamente, con lo cual no me parece que haya tenido el efecto que buscaba". En esa línea, afirmó que el impacto de la medida "fue muy limitado tanto en las inversiones como en el sostenimiento del empleo".
