El gobierno de Neuquén puso en marcha un régimen especial para trabajadores estatales que ya superaron la edad jubilatoria pero no reúnen los aportes necesarios para retirarse. La medida alcanzará a unas 1.700 personas, en su mayoría mujeres que ingresaron al Estado bajo esquemas precarios en los años 90 y principios de los 2000

El gobierno de Neuquén avanzó con un régimen especial destinado a trabajadores estatales que, pese a haber alcanzado la edad jubilatoria hace años, todavía no pueden retirarse porque nunca lograron completar los aportes necesarios. La medida fue oficializada a través del decreto 640/26 y apunta a resolver una situación que el propio Estado arrastra desde hace décadas.

El esquema, denominado “Régimen Especial de Acompañamiento Administrativo al Cese Voluntario por Trayectoria Laboral Vulnerable”, tendrá carácter excepcional y voluntario. Según las estimaciones oficiales y gremiales, alcanzará a unas 1.700 personas. La mayoría son mujeres que trabajan en áreas como Desarrollo Social, Educación y Salud, aunque también hay agentes en otras dependencias provinciales.

En términos prácticos, el mecanismo permitirá que quienes adhieran dejen de asistir a sus lugares de trabajo, pero sigan cobrando una asignación equivalente a su sueldo habitual mientras continúan realizando aportes al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) hasta completar los años requeridos para jubilarse.

El trasfondo del problema se remonta a los años 90 y principios de los 2000, cuando miles de personas ingresaron al Estado a través de planes sociales, programas de empleo o modalidades precarias que no contemplaban aportes previsionales. Con el paso del tiempo, muchos de esos trabajadores fueron regularizados y pasaron a planta o a esquemas formales, pero arrastraron un agujero previsional que hoy les impide acceder a la jubilación.

En diálogo con La Tecla Patagonia, el secretario general de ATE y líder del recién creado partido político “Más Por Neuquén”, Carlos Quintriqueo, aseguró que el proyecto venía siendo trabajado desde hace tiempo junto al gobierno provincial.

“Nosotros hacía mucho tiempo que veníamos con este proyecto. Se lo presentamos en su momento a Figueroa después de la asunción. Estuvimos trabajando con los ministros en la implementación y en la búsqueda de cómo se podía implementar”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que durante meses la iniciativa quedó trabada dentro del Ejecutivo y terminó recalando en la Legislatura provincial. Según relató, el escenario cambió cuando el proyecto comenzó a reunir respaldo político de distintos sectores.

“Cuando lo presentamos cosechamos adhesiones de muchos sectores en la Legislatura. Ahí el gobierno se da cuenta de que el proyecto tenía sentido y que caminaba”, afirmó.

A partir de ahí se abrió una negociación directa entre el gremio y el gobernador Rolando Figueroa para avanzar con una salida más rápida mediante decreto. Quintriqueo aseguró que el texto final terminó reflejando gran parte del espíritu del proyecto original impulsado por ATE.

“Tuvimos una comunicación con el gobernador directamente y planteamos la salida del decreto, porque era más rápida. El espíritu de la ley está transcripto en el decreto”, señaló.

Uno de los puntos que más discusión generó fue el posible impacto sobre la caja jubilatoria provincial. Desde algunos sectores aparecieron cuestionamientos vinculados al financiamiento del ISSN, aunque el dirigente gremial rechazó esa interpretación y remarcó que el régimen no implica jubilaciones anticipadas.

“No afecta a la caja porque la gente no se jubila. Lo que hay es una pasividad con aportes a la caja. Al contrario, se sigue aportando”, sostuvo Quintriqueo.

El dirigente insistió en que la diferencia central está en que los trabajadores seguirán aportando mientras permanezcan dentro del régimen, aunque ya no estén cumpliendo tareas de manera activa.

“Distinto sería una jubilación anticipada. Acá hablamos de una pasividad con retiro del puesto laboral, no con jubilación”, explicó.

Quintriqueo también remarcó que este tipo de contrataciones precarias ya no existen dentro del Estado provincial y que el objetivo ahora es cerrar definitivamente una situación heredada de décadas anteriores.

“Hoy no tenés en el Estado provincial ni monotributo ni formas contractuales de planes. Lo que se está reparando ahora son esos años anteriores que tuvieron en negro”, indicó.

La reglamentación del régimen todavía está terminándose y durante los próximos días se definirán los formularios y mecanismos administrativos para que los trabajadores puedan iniciar el trámite. La adhesión será voluntaria y cada agente tendrá hasta dos años para incorporarse.

Mientras tanto, el decreto empieza a funcionar también como una especie de reconocimiento tardío a una generación de trabajadores estatales que pasó buena parte de su vida laboral dentro del Estado, pero durante años quedó afuera de derechos básicos como los aportes jubilatorios.

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