6 de mayo de 2026
SANTA CRUZ
La Corte Suprema endurece la tensión sobre el TSJ por el conflicto de la ampliación judicial
El máximo tribunal nacional intimó al Tribunal Superior de Justicia a enviar en 48 horas todo el expediente vinculado a la ampliación del cuerpo. La medida llega tras el incumplimiento del requerimiento previo y profundiza la presión institucional alrededor de una de las disputas judiciales más sensibles de la provincia
La disputa judicial por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz volvió a escalar y sumó un nuevo capítulo de tensión institucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al máximo órgano judicial santacruceño para que remita en un plazo de 48 horas todo el expediente vinculado a la causa que cuestiona la constitucionalidad de la ampliación del cuerpo de cinco a nueve integrantes.
La decisión representa un endurecimiento de la postura del máximo tribunal nacional frente a la falta de respuesta del Tribunal Superior de Justicia provincial, que ya había sido requerido formalmente el pasado 23 de abril para enviar la documentación completa relacionada con el expediente y los incidentes conexos.
La nueva providencia, firmada en Buenos Aires, ordena el envío “inmediato” de las actuaciones en formato digital y hace referencia específica a la causa 917/2025, donde se analiza la validez de la ley provincial que amplió la integración del TSJ santacruceño.
El movimiento de la Corte se produce pocos días después de haber rechazado la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra integrantes del máximo tribunal nacional. El gremio había cuestionado la intervención de magistrados por supuestos vínculos políticos e institucionales, aunque la Corte consideró que el planteo fue presentado fuera de término y sin fundamentos legales suficientes.
En aquella resolución, el tribunal nacional recordó además que la recusación constituye una herramienta de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, especialmente cuando se intenta apartar a jueces de la propia Corte Suprema.
El conflicto se originó tras la sanción de la ley impulsada en Santa Cruz para ampliar la composición del Tribunal Superior de Justicia, una decisión que abrió una fuerte controversia política, judicial y gremial dentro de la provincia. La Asociación de Judiciales promovió una acción de inconstitucionalidad y cuestionó tanto el proceso legislativo como la designación y jura de nuevos vocales.
En paralelo, distintos expedientes cautelares y actuaciones vinculadas quedaron incorporados al análisis judicial, motivo por el cual la Corte ahora exige acceder a toda la documentación relacionada para continuar avanzando con el tratamiento del caso.
Según trascendió, el requerimiento incluye no solo el expediente principal sino también las resoluciones internas sobre organización y juramentos, los incidentes cautelares y cualquier otro proceso vinculado al mismo objeto judicial.
La intimación en un plazo perentorio de 48 horas marca un cambio de tono por parte del máximo tribunal nacional y deja en evidencia la relevancia institucional que la Corte le asigna al conflicto santacruceño.