6 de mayo de 2026
RIO NEGRO
Denuncian la conducta de funcionarios de Milei por el acuerdo con el magnate Lewis
La legisladora Magdalena Odarda presentó una nueva acción ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para que se investigue la conducta de los dirigentes del ministerio del Interior que suscribieron un acuerdo conciliatorio con Hidden Lake S.A que derivó en el cierre de la acción de lesividad
La legisladora rionegrina Magdalena Odarda presentó este martes una denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para que se investigue la conducta de los funcionarios del Ministerio del Interior que suscribieron un acuerdo conciliatorio con Hidden Lake S.A., la empresa del magnate británico Joseph Lewis. Ese convenio, firmado el 14 de enero de 2026, derivó en el cierre definitivo de la acción de lesividad que el propio Estado había impulsado en noviembre de 2023 contra la compra de unas 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera, en las inmediaciones del Lago Escondido.
Según la denuncia, Odarda solicitó que se requiera al Ministerio del Interior toda la documentación administrativa vinculada al acuerdo (antecedentes, dictámenes y fundamentos), se evalúen posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes y, en su caso, se promuevan acciones por eventuales delitos. Además, pidió impulsar la revisión judicial del pacto y de su homologación para declararlos nulos por contrarios al orden público y al interés general.
El acuerdo fue homologado el 28 de enero de 2026 en plena feria judicial por el juez federal Walter Lara Correa, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, quien declaró extinguida la acción sin analizar el fondo de la cuestión. El expediente (N° 4511/2023) quedó bajo “carácter reservado”, lo que impidió el acceso público a los detalles hasta que trascendió por investigaciones periodísticas.
En septiembre de 2023, el Ministerio del Interior dictó la Resolución 1603, que declaró lesivas al interés público las autorizaciones otorgadas en los años 90 (expedientes S02-21662/96 y S0221702/96 del ex Ministerio de Defensa). Esas autorizaciones habían permitido a H.R. Properties Buenos Aires S.A. (luego transformada en Hidden Lake S.A.) adquirir las tierras. La resolución se fundamentó en dictámenes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Inspección General de Justicia, que advirtieron nulidad absoluta por violación de normas de orden público sobre defensa nacional y control de zonas de frontera.
La operación original se concretó a mediados de la década de 1990, durante la presidencia de Carlos Menem. Desde entonces, se cuestiona que se utilizaron sociedades pantalla para eludir las restricciones legales a la propiedad de extranjeros en zonas de seguridad de frontera (decretos 411/80 y 1265/87). Lewis construyó una mansión frente al lago y un complejo privado; además, la empresa opera una central hidroeléctrica en la zona.
El convenio fue firmado el 14 de enero de 2026 por el Dr. Alejandro Patricio Amaro (por el Estado, con aval político del ministro del Interior, Diego Santilli) y los abogados de Hidden Lake S.A., Jaime Cibils Robirosa (ex presidente del Correo Argentino durante el gobierno de Mauricio Macri) y José Luis Ariel Bianco. La empresa se comprometió a finalizar obras de interconexión de su central hidroeléctrica Río Escondido al sistema mayorista (autorizada en julio de 2025 por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 324, que permitió el traspaso desde Patagonia Energía). El Estado desistió de la demanda sin recibir contraprestación adicional significativa, más allá del pago de honorarios de los abogados de la empresa.
El fiscal Fabián Omar Canda había rechazado la habilitación de la feria judicial al considerar que no existía urgencia real que justificara el trámite extraordinario. Sin embargo, el juez Lara Correa procedió a homologar el acuerdo.