7 de noviembre de 2026
CHUBUT
Aluar volvió a cuestionar a Servicoop por el conflicto del agua en Madryn
La empresa defendió la legalidad ambiental y operativa de su planta de ósmosis inversa y acusó a la cooperativa de difundir información errónea. También expuso presuntos incumplimientos en los permisos de extracción de agua y en la aplicación de sus reglamentos
Aluar volvió a confrontar públicamente con Servicoop en medio de la disputa por el abastecimiento de agua en Puerto Madryn. A través de un extenso comunicado, la empresa rechazó los cuestionamientos de la conducción de la cooperativa sobre la Planta de Ósmosis Inversa (POI), defendió las condiciones en las que funciona el proyecto y trasladó las críticas hacia la situación regulatoria de la prestadora de servicios.
La discusión gira alrededor de la incorporación de agua desalinizada para abastecer los procesos industriales de Aluar y de las condiciones de conexión con el sistema público. La compañía sostuvo que la planta cuenta con las autorizaciones ambientales correspondientes y que su funcionamiento no representa un riesgo para la red de distribución de la ciudad. Además, cuestionó que Servicoop plantee dudas sobre esos aspectos y calificó sus declaraciones como una campaña de desinformación.
Para respaldar su posición, Aluar repasó los antecedentes administrativos del proyecto. Indicó que la iniciativa tuvo un Informe Ambiental de Proyecto, atravesó dos instancias de consulta pública —en 2018 y septiembre de 2023— y obtuvo la aprobación del Ministerio de Ambiente de Chubut mediante la Disposición 32/2024-SGAyDS. Según la empresa, esa autorización habilitó la construcción de la planta.
También afirmó que la Provincia autorizó el inicio de la puesta en marcha a través de la Nota 174/2026-SsGAyDS, luego de que se cumpliera con los requerimientos establecidos en la disposición ambiental. La compañía sostuvo que tiene la documentación técnica y administrativa a disposición de las autoridades competentes.
Uno de los principales puntos de controversia es la posibilidad de que el agua producida por la planta tenga contacto con la red pública. Aluar aseguró que el circuito industrial está completamente desacoplado del sistema de distribución de la ciudad y que cuenta con válvulas antirretorno y mecanismos de enclavamiento. Con ese argumento, rechazó que exista riesgo de volcado o contaminación sanitaria y consideró técnicamente infundadas las advertencias que, según indicó, difundió la cooperativa.
La empresa también negó que Servicoop desconociera el desarrollo de la iniciativa. En el comunicado mencionó reuniones institucionales realizadas en mayo de 2018 y noviembre de 2024, la participación de representantes de la cooperativa en la consulta pública de 2023 y la entrega de una propuesta de régimen de suministro el 4 de septiembre de 2026. Para Aluar, esos antecedentes contradicen los planteos de falta de información o sorpresa frente al proyecto.
Sin embargo, el comunicado no se limitó a defender la planta. La compañía apuntó contra la situación de los permisos de uso hídrico de Servicoop y aseguró que el Instituto Provincial del Agua (IPA) certificó, mediante la Nota 247/26.AGRH-IPA, que la cooperativa continúa extrayendo agua del río Chubut con una autorización vencida. También afirmó que mantiene deudas por el canon hídrico y que recibió una intimación del organismo provincial a través de la Nota 32/2026-IPA.
Otro cuestionamiento estuvo dirigido al marco reglamentario que utiliza la prestadora para establecer condiciones de servicio y eventuales penalidades. Aluar citó una nota del Concejo Deliberante de Puerto Madryn, identificada como 103 SCD/26, según la cual el denominado Reglamento de Usuarios 2024 no habría recibido aprobación municipal. La empresa sostuvo que, por ese motivo, el instrumento carecería de validez y agregó que el cuerpo legislativo ratificó que no incumplió la concesión municipal ni existe exclusividad de Servicoop para abastecer a la industria.
A partir de esos planteos, Aluar reclamó que la conducción de la cooperativa brinde explicaciones a sus asociados sobre distintos aspectos de su administración. Entre ellos enumeró la estructura de costos de los servicios, la matriz de costos y los coeficientes de la MEC, la vigencia de la concesión para utilizar agua del río Chubut y el estado de las obligaciones económicas con el IPA. También pidió información sobre la aprobación municipal de los reglamentos y los antecedentes de los ajustes tarifarios.
En el cierre, la empresa insistió en que la planta de ósmosis inversa cumple con las exigencias técnicas y ambientales y rechazó lo que definió como intentos de difamación y extorsión tarifaria. La controversia con Servicoop se mantiene así atravesada por dos discusiones: las condiciones de incorporación del agua desalinizada al abastecimiento industrial y los cuestionamientos cruzados sobre las obligaciones regulatorias de cada parte, en una ciudad que todavía enfrenta dificultades vinculadas a la disponibilidad de agua.