15 de octubre de 2026
UNA MULTITUD
Las universidades nacionales volvieron a salir a las calles por la Ley de Financiamiento
Miles de personas fueron a Plaza de Mayo para pedir nuevamente que el gobierno aplique la ley sancionada en el Congreso. Hubo algunos incidentes entre manifestantes y la policía. Los gases lacrimógenos impidieron la lectura del comunicado
La comunidad universitaria volvió a salir a las calles este jueves para protagonizar la quinta Marcha Federal Universitaria, en una nueva jornada de protesta contra el ajuste del gobierno de Javier Milei y en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las primeras columnas comenzaron a movilizarse pasado el mediodía hacia el Congreso de la Nación, donde está previsto el acto central de la convocatoria. La protesta reúne a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y representantes de distintas universidades nacionales, con la adhesión de centrales sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones políticas.
La movilización tiene como principal consigna el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento, que contempla la recomposición de los salarios universitarios, la actualización de las becas estudiantiles y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y del sistema científico nacional.
Uno de los principales ejes de la protesta es el deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios. Según los organizadores, la deuda salarial acumulada con los docentes ronda el 32%, mientras que las negociaciones paritarias no lograron destrabar el conflicto.
A ese escenario se suman los cuestionamientos por las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, el financiamiento de la investigación y la insuficiencia de las becas para los estudiantes.
La convocatoria se desarrolla, además, en medio de un nuevo capítulo de la disputa judicial entre las universidades y el Ejecutivo. El juez federal Martín Cormick impuso una multa diaria de 100.000 pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación de la ley. El Gobierno adelantó que apelará la sanción.
La marcha también cuenta con la participación de organizaciones sindicales, movimientos sociales y espacios políticos opositores, que sumaron sus propios reclamos contra las políticas de la administración libertaria.
La jornada coincide con una sesión especial convocada en la Cámara de Diputados, donde distintos bloques opositores buscan avanzar con iniciativas vinculadas al DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. De esta manera, la movilización universitaria se inscribe en un escenario de creciente tensión política entre el oficialismo y la oposición.
La protesta, que tiene réplicas en distintas ciudades del país, vuelve a poner a la educación pública en el centro de la agenda nacional y representa una nueva demostración de fuerza de la comunidad académica frente a la Casa Rosada.
Lejos de la concentración, hubo una serie de incidentes entre manifestantes de la Izquierda y la Policía Federal. Hubo piedrazos y una fuerte respuesta de los efectivos con gas pimienta y balas de goma. No se reportaron heridos de gravedad.
Con el acto central previsto para las 16 frente al Congreso, los manifestantes buscan elevar la presión sobre el Gobierno para que cumpla con la legislación vigente y garantice los recursos necesarios para sostener el sistema universitario público.
Uno de los principales ejes del documento fue el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y cuya aplicación continúa siendo motivo de una disputa entre el Gobierno y la comunidad académica.
Los firmantes cuestionaron que la administración nacional no avance con la implementación de la norma, que contempla la actualización de partidas universitarias y la recomposición de los salarios docentes y no docentes, además de fondos destinados a las becas estudiantiles.
En ese sentido, advirtieron que el conflicto dejó de ser exclusivamente presupuestario y adquirió una dimensión institucional. Según expresaron, la falta de cumplimiento de una ley sancionada por el Poder Legislativo y respaldada por decisiones judiciales pone en discusión el respeto por las reglas del sistema republicano.
El documento también puso el foco en la situación de los trabajadores universitarios y de los estudiantes que dependen de la asistencia estatal para continuar sus estudios.
En materia salarial, los gremios denunciaron la pérdida del poder adquisitivo y cuestionaron la política de ingresos del Gobierno. Entre sus planteos incluyeron la necesidad de recuperar los salarios, respetar la negociación colectiva y avanzar con la actualización de los conceptos remunerativos.
En paralelo, señalaron las dificultades que atraviesan los programas de becas. En particular, cuestionaron el congelamiento de las Becas Progresar en 35.000 pesos desde 2024 y advirtieron que ese monto resulta insuficiente para afrontar gastos básicos como el transporte y los materiales de estudio.