15 de octubre de 2026
DISTRACCIÓN
Una jueza de Caleta Olivia cuestionada por publicitar el estudio jurídico de su familia
Una publicación atribuida a Griselda Isabel Bard en sus estados de WhatsApp informó los horarios de atención de un estudio vinculado a su pareja y a su hijo, ambos abogados. El episodio abrió interrogantes sobre los límites entre la función judicial y los intereses privados
La difusión de un aviso comercial en los estados de WhatsApp de una jueza de Santa Cruz generó cuestionamientos por su vínculo con un estudio jurídico de su entorno familiar. La publicación, atribuida a Griselda Isabel Bard, magistrada de Caleta Olivia, comunicaba los horarios de atención de Lex Andina, relacionado con su pareja, el abogado Eduardo Rubén González, y su hijo, Lisandro Miguel Castelo, también abogado.
El mensaje informaba que el estudio permanecería cerrado el lunes 12 de octubre por el feriado nacional y retomaría la atención al día siguiente, de 8 a 13 y de 15 a 18. La controversia se centra en la difusión de información comercial de un estudio privado desde una cuenta atribuida a una integrante del Poder Judicial.
El episodio abrió interrogantes sobre los límites entre la actividad privada del entorno familiar y las responsabilidades de quienes ejercen la magistratura.
En Santa Cruz, la Ley Provincial 3034 establece pautas de ética para el ejercicio de la función pública. Sin embargo, la publicación por sí sola no permite afirmar que Bard haya ejercido la abogacía, intervenido en la administración del estudio o incurrido en una incompatibilidad. Para determinarlo sería necesario conocer su participación en el hecho y evaluar las normas aplicables.
Por ahora, la información difundida no da cuenta de una actuación formal de los organismos judiciales o de control a raíz del episodio. Tampoco se incluyen declaraciones de la magistrada que expliquen por qué se compartió el aviso.
La eventual evaluación institucional dependerá de los hechos que puedan acreditarse y de la intervención de las autoridades competentes. Mientras tanto, el episodio abrió una discusión sobre la transparencia y la separación entre las responsabilidades públicas y los intereses particulares de quienes integran la Justicia.