13 de octubre de 2026
FUERTE ADVERTENCIA
Chubut intimó a una petrolera histórica a reactivar cuatro áreas o perder las concesiones
El Gobierno provincial le dio seis meses a Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia para acreditar niveles mínimos de explotación en las zonas San Jorge, Sol de Mayo, Germán Burmeister y George Stephenson. Si no cumple, podrá declarar la caducidad de las concesiones
El Gobierno de Chubut intimó a Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A. a reactivar la explotación de cuatro minas de hidrocarburos bajo apercibimiento de perder las concesiones. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1478, firmado el 21 de septiembre y publicado este martes en el Boletín Oficial, que establece un plazo de seis meses para cumplir con los niveles mínimos de actividad exigidos por la Provincia.
La disposición alcanza a las minas San Jorge, Sol de Mayo, Germán Burmeister y George Stephenson. Para cada una, el Ejecutivo aprobó un Plan Mínimo de Reactivación, incorporado en los anexos A, B, C y D del decreto, con objetivos productivos, tareas específicas, etapas de seguimiento y parámetros para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de explotación.
El fundamento legal de la intimación es el artículo 21 del Apéndice del Código de Minería, referido al régimen de las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos. Esa disposición exige mantener una intensidad razonable de explotación de acuerdo con la productividad comprobada de cada concesión. La Provincia sostiene así su intervención en áreas que deben acreditar actividad efectiva conforme a las condiciones fijadas por la normativa.
El Ministerio de Hidrocarburos tendrá a su cargo el seguimiento y la fiscalización de los planes. La empresa deberá presentar información individualizada por pozo, registros de producción y documentación técnica que permita comprobar los trabajos realizados y verificar si se alcanzan las magnitudes previstas. El plazo comenzará a contarse desde la notificación de la medida.
Si al finalizar esos seis meses la compañía no demuestra que cumplió con la intensidad de explotación requerida, el Gobierno podrá declarar la caducidad de las concesiones involucradas, siempre que exista una constatación técnica del incumplimiento. El decreto, sin embargo, limita su alcance a las obligaciones de explotación: las exigencias ambientales, de seguridad, integridad de las instalaciones, abandono de pozos y remediación continuarán vigentes de manera independiente.
La empresa tiene una trayectoria de más de un siglo vinculada a la actividad petrolera de la zona. Los registros públicos dan cuenta de asambleas y designaciones de autoridades en los últimos años, mientras que su ejercicio contable de 2020 llevaba el número 104. Su escala contrasta con la de los principales operadores actuales de la Cuenca del Golfo San Jorge, donde compañías como Pan American Energy, PECOM, CGC y Crown Point concentran buena parte de la actividad convencional.
La intimación se conoce durante una etapa de reorganización de la cuenca, atravesada por el declino natural de los yacimientos maduros y el desplazamiento de inversiones hacia Vaca Muerta. Mientras los principales operadores avanzan con planes para recuperar producción en bloques convencionales, Chubut recurre a las herramientas previstas en la legislación minera para exigir que las concesiones vigentes mantengan niveles de actividad acordes con su capacidad productiva.
Uno de los movimientos de mayor escala en la región es el plan de inversión de Pan American Energy en Cerro Dragón, anunciado por unos 1.200 millones de dólares para recuperar producción mediante técnicas de recuperación terciaria. En ese escenario, la situación de las cuatro minas intimadas plantea una exigencia distinta: acreditar trabajos y resultados concretos bajo los planes aprobados por la Provincia o exponerse a la pérdida de los derechos de explotación.
Con la notificación del decreto comenzará a correr el plazo para que Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia presente avances verificables. El resultado dependerá de la evaluación técnica que realice el Ministerio de Hidrocarburos y del cumplimiento de las metas fijadas para cada mina. Si la empresa no logra acreditarlo, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de avanzar con la caducidad de las concesiones.