Un informe publicado por el Observatorio de Tierras mostró que una inmobiliaria promocionó casi 3.000 hectáreas en Río Pico, Chubut, con acceso a 16 kilómetros de costa de río, durante los días en que estuvo vigente la derogación de la Ley de Tierras. El Juzgado Federal de Bariloche deberá resolver la vigencia de la ley

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Una oferta inmobiliaria en la cordillera de Chubut quedó bajo análisis por la posible venta de tierras rurales en una zona de frontera durante el breve período de incertidumbre legal que abrió un fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. Se trata de un campo de casi 3.000 hectáreas en Río Pico, con lago privado, laguna y 16 kilómetros de costa sobre el río, que fue promocionado para potenciales compradores, incluso del exterior.

El caso fue relevado por el Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que reconstruyó las publicaciones difundidas por Loma Alta Propiedades, vinculadas a Martin Gough, entre fines de septiembre y los primeros días de octubre. La inmobiliaria presentó el establecimiento como una oportunidad de inversión con potencial productivo, forestal y turístico, y difundió parte de su oferta en inglés.

La promoción coincidió con el período en que estuvo vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado restricciones de la Ley de Tierras a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. El 9 de octubre, la Corte Suprema dejó sin efecto ese cambio, al revertir la decisión que había suspendido la aplicación de la norma.

Según el relevamiento, la propiedad ofrecida comprende 2.943 hectáreas y cuenta con un lago privado de unas 16 hectáreas, cursos de agua permanentes, una cascada y costa sobre el río Pico. Las publicaciones también destacaban las posibilidades de aprovechamiento turístico y productivo del establecimiento, ubicado en un área donde rigen restricciones específicas por su condición fronteriza y la presencia de recursos hídricos.

El informe advierte que la combinación de esas características vuelve relevante el análisis de la oferta en el marco de la legislación sobre tierras rurales. La normativa establece límites a la titularidad extranjera y contempla condiciones particulares para inmuebles situados en zonas de seguridad de frontera y aquellos vinculados con determinados cuerpos de agua.

La principal incógnita, de todos modos, sigue siendo el destino de la operación. El Observatorio indicó que no cuenta con información que permita confirmar si hubo una venta durante esos días. La falta de registros suficientes para reconstruir eventuales transferencias también dificulta determinar si el cambio normativo llegó a ser utilizado para concretar operaciones sobre tierras alcanzadas por restricciones.

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