14 de septiembre de 2026
SANTA CRUZ
Santa Cruz y Newmont acordaron una mesa de trabajo tras las clausuras en Cerro Negro
Claudio Vidal recibió a autoridades de la minera luego de las inspecciones que derivaron en el cierre preventivo de ocho sectores del yacimiento. Las partes acordaron revisar las observaciones sobre seguridad y ambiente y avanzar en empleo local, proveedores santacruceños y la aplicación de la Ley 90/10.
El conflicto entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont por las condiciones de seguridad en el yacimiento Cerro Negro ingresó este lunes en una nueva etapa. Después de las inspecciones que derivaron en la clausura preventiva de ocho sectores de la explotación ubicada en cercanías de Perito Moreno, el gobernador Claudio Vidal recibió a representantes de la compañía y acordó una agenda conjunta para abordar las observaciones realizadas por los organismos provinciales.
El encuentro buscó encauzar el escenario abierto tras los controles realizados por la Secretaría de Estado de Trabajo y otros organismos. La agenda acordada incluye el seguimiento de las cuestiones vinculadas con seguridad y ambiente, además de temas que el Ejecutivo provincial viene planteando como prioritarios: empleo santacruceño y participación de empresas locales como proveedoras de la actividad minera.
Las clausuras habían sido dispuestas luego de inspecciones encabezadas por el secretario de Trabajo, Javier Aravena, junto al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, con participación de personal policial y organismos relacionados con el transporte. La Provincia había calificado como “muy graves” algunas de las irregularidades detectadas y abrió actuaciones administrativas para determinar su alcance.
Uno de los puntos cuestionados durante los procedimientos fue el ingreso de vehículos a sectores subterráneos de la mina. Entre las situaciones señaladas por las autoridades figuró la circulación de un camión utilizado para transportar combustible que, según la Provincia, no contaba con la Revisión Periódica Obligatoria (RPO) vigente. El vehículo habría descendido unos 300 metros bajo tierra, en un ámbito donde desarrollan tareas trabajadores mineros.
Aravena también había denunciado que durante una inspección algunos vehículos fueron trasladados al interior del yacimiento luego de que los operadores tomaran conocimiento del regreso de los inspectores acompañados por personal policial. Estas circunstancias forman parte de las observaciones que dieron lugar a las actuaciones administrativas y al cierre preventivo de los sectores involucrados.
Con el nuevo escenario, Provincia y empresa resolvieron conformar una mesa de trabajo que incorporará también a los gremios con presencia en Cerro Negro. El objetivo será abordar de manera conjunta las condiciones de seguridad, ambiente y empleo, mientras que posteriormente se prevé establecer reuniones periódicas entre el Gobierno y Newmont para realizar un seguimiento de los compromisos asumidos.
Uno de los principales ejes de esa agenda será el empleo local. El Gobierno provincial planteó avanzar en la aplicación de la Ley 90/10 y en una mayor incorporación de trabajadores y empresas santacruceñas a la cadena de actividad que genera Cerro Negro. La discusión sobre la contratación de personal de otras jurisdicciones había sido uno de los puntos planteados por las autoridades durante las inspecciones.
Vidal sostuvo que el objetivo es compatibilizar el desarrollo de la minería con el cumplimiento de las condiciones laborales, ambientales y de seguridad. La posición del Ejecutivo provincial es mantener el acompañamiento a la actividad productiva, pero bajo controles estatales y con una mayor participación de trabajadores y proveedores de Santa Cruz.
La reunión también marca un cambio en el tono del conflicto. Luego de las denuncias públicas y las medidas preventivas, ambas partes acordaron sostener un canal institucional de seguimiento. El Gobierno no levantó las observaciones realizadas durante las inspecciones, pero abrió junto con la compañía una instancia para trabajar sobre ellas y establecer las condiciones necesarias para avanzar en la actividad.
Del encuentro participaron Vidal; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes. Por Newmont estuvieron David Meador, director general para las Américas; Tito Cacho, gerente general de Cerro Negro; Darío Zegarra, jefe regional de Asuntos Externos; y María Eugenia Sampalione, directora País.
La discusión tendrá además una dimensión productiva para Santa Cruz, donde la minería representa una de las principales actividades económicas. El desafío para el Gobierno será sostener los controles que dieron origen a las clausuras sin romper el vínculo con una compañía de escala internacional, mientras Newmont deberá responder a las observaciones formuladas por los organismos provinciales.
Por ahora, las ocho clausuras permanecen como el punto de partida de una negociación que tendrá seguimiento político, gremial y empresarial. La mesa de trabajo incorporará a los sindicatos y pondrá bajo discusión tanto las condiciones de seguridad y ambiente como el empleo y la contratación de proveedores locales. El resultado de ese proceso será determinante para establecer cómo continuará la operación de los sectores alcanzados por las medidas preventivas.