7 de septiembre de 2026
REGIONAL
La Federación de Productores impulsa una ley para evitar el loteo de chacras
El titular, Sebastián Hernández, sostuvo que están terminando de afinar el texto que la semana que viene enviaría a la Legislatura rionegrina con el objetivo de proteger la zona irrigada del negocio inmobiliario. En Neuquén, Figueroa impulsa un proyecto similar
En medio de la crisis que afecta a la actividad frutícola en el Alto Valle y frente a una creciente demanda habitacional, la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén impulsa un proyecto que busca poner un freno a la pérdida de tierras productivas en manos del negocio inmibliario.
Si bien la letra fina del proyecto se está terminando de ajustar, el presidente de la Federación, Sebastián Hernández, explicó que el objetivo es dar una solución a una histórica preocupación de los chacareros, que se acentuó en los últimos años frente al desarrollo inmobiliario, sobre todo, en la zona de la Confluencia.
La propuesta consiste en la identificación precisa y en la georreferenciación de las hectáreas que están alcanzadas por las redes de riego. Una vez determinada la condición productiva de una zona, la misma no podrá ser loteada ni destinada al desarrollo de barrios residenciales o emprendimientos ajenos a la actividad.
Una medida similar sancionó hace unas semanas el Concejo Deliberante de Fernández Oro, cuando declaró la emergencia de las zonas productivas, ante un proyecto del intendente Gustavo Amati, de desarrollar un loteo en un predio sobre ruta 65, en el límite con Allen, donde habían chacras.
También en la provincia de Neuquén el gobernador Rolando Figueroa envió, a principio de año, un proyecto a la Legislatura para delimitar las “áreas críticas” y fijar “reglas claras” para el aprovechamiento de la tierra productiva disponible. El proyecto fue tratado hace unos días en la comisión de Producción pero no logra aún los consensos necesarios para su aprobación.
Si prospera la iniciativa de la Federación, la restricción no afectará la propiedad ni la libertad de venta. Quien decida vender su predio podrá hacerlo, pero quien adquiera el establecimiento estará legalmente obligado a mantener la actividad productiva. El objetivo es brindar seguridad a quienes realizan inversiones y evitar que el crecimiento urbano termine ahogando la continuidad del trabajo rural.
Hernández apuntó que los productores necesitan la certeza de contar con una política provincial de largo plazo que proteja y respalde la actividad frente a las presiones inmobiliarias.
El objetivo es presentar el proyecto terminado la semana que viene en la Legislatura donde se espera genere una discusión profunda, teniendo en cuenta que son muchos los municipios que se ven atravesados por esta situación.