19 de marzo de 2026
UN SALVAVIDAS
Nación le dio un anticipo millonario a Santa Cruz para afrontar urgencias financieras
El gobierno nacional girará $100.000 millones a la provincia para cubrir situaciones extremas a nivel presupuestario, pero los fondos deberán devolverse con un 15% de interés y descuentos automáticos de la coparticipación

El Gobierno nacional dispuso un anticipo financiero de hasta 100.000 millones de pesos para la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de atender compromisos urgentes vinculados a su situación fiscal.
La medida fue oficializada a través del Decreto 161/2026, firmado por el presidente Javier Milei, junto a funcionarios del área económica, y establece que los fondos serán girados durante el mes de marzo.
Según se detalla en la norma, la provincia atraviesa dificultades financieras transitorias que le impiden afrontar gastos inmediatos y compromisos de deuda, por lo que se resolvió avanzar con este mecanismo de asistencia.
El anticipo será otorgado a través del Ministerio de Economía y deberá ser reintegrado dentro del mismo ejercicio fiscal. Para ello, se prevé que la devolución se realice mediante retenciones automáticas sobre los recursos que le corresponden a la provincia por el régimen de coparticipación federal.
Además, el monto estará sujeto a una tasa fija nominal anual del 15%, que se aplicará desde el momento del desembolso hasta su cancelación total.
El decreto también establece que la provincia deberá autorizar formalmente a la Secretaría de Hacienda a retener los fondos necesarios para cubrir tanto el capital como los intereses, utilizando para ello los recursos coparticipables sin afectación específica.
Este tipo de anticipos está contemplado en la legislación vigente como una herramienta para asistir a provincias en situaciones de tensión financiera, aunque implica comprometer ingresos futuros para saldar la asistencia recibida.
La decisión se da en un contexto de restricciones fiscales y negociaciones entre Nación y provincias por la distribución de recursos, en el que varias jurisdicciones vienen reclamando mayor previsibilidad en los fondos que reciben.