2 de junio de 2025
INCERTIDUMBRE
Ahora, productores patagónicos analizan pedir barreras sanitarias provinciales
Dentro de 15 días vence la suspensión de la Resolución 180/2025 que flexibiliza la barrera sanitaria que protege a la Patagonia. Las entidades agropecuarias de la región analizan la posibilidad de que las provincias impongan sus propias barreras para mantener su status sanitario
El gobierno nacional sigue sin definir si dejará que entre en vigencia la Resolución 180/2025 del Senasa que flexibiliza la barrera sanitaria que protege a la Patagonia o si resolverá de manera consensuada con los productores los pasos a seguir.
La resolución que desató la polémica fue suspendida por 90 días a los pocos minutos de haber sido publicada. Ese plazo se vence dentro de 15 días. Tras varias reuniones de representantes de las provincias con el Gobierno nacional, todavía no hay certezas de cuál va a ser la definición que van a tomar.
En ese marco, las entidades agropecuarias de la región analizan la posibilidad de que las provincias impongan sus propias barreras para proteger sus territorios. La alternativa, por ahora, está en estudio.
Un amplio espectro de instituciones y productores de la Patagonia emitieron un documento conjunto para manifestar, una vez más, su rechazo a las resoluciones 180/25 y 186/25 del SENASA, que pretenden flexibilizar la barrera sanitaria en el Río Colorado. En su escrito, reiteraron el enorme riesgo que conlleva la intención del Gobierno nacional de integrar zonas con distintos estatus sanitarios (con y sin vacunación contra la aftosa), lo que podría afectar la sanidad de la región y la exportación de productos cárnicos.
El documento está firmado por las cinco Federaciones que nuclean a las entidades rurales de las cinco provincias y por los gobiernos de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Además, lleva las firmas de la Legislatura de Tierra del Fuego, de la Legislatura de Río Negro y de la Municipalidad de Patagones. También se sumaron distintas empresas frigoríficas de la región.
“Los productores patagónicos aguardamos con natural impaciencia la derogación de la resolución 180/25 y nos ponemos a disposición para aportar y colaborar en un renovado programa de lucha contra la fiebre aftosa que integre a todo el país en un único estatus sanitario superador”, señalan en el escrito.
Remarcan que “está en juego una decisión de Estado que puede significar un durísimo e irreparable golpe a la producción primaria patagónica” y vuelven sobre una propuesta que ya expresaron a las autoridades nacionales, que consiste en que “la barrera debiera ir incorporando y ampliando zonas sin vacunación y no como en este caso, que nada se modifica y solo flexibiliza hacia zonas libres que nunca vacunaron”.
“Un cambio de las condiciones comerciales podría significar el abandono de los campos, con la gravedad que ello implica en el ejercicio real de la soberanía en un territorio tan importante”, señalaron en otra parte del documento.
Con respecto al impacto que la medida podría tener en el mercado internacional, el gobierno nacional remitió la resolución a la Unión Europea y a Chile, y quedó “abierto a consultas”, pero no fue elevada como un requerimiento de opinión expresa ni se establecieron plazos para que expresen su parecer. De esta manera, si no responden dentro de los próximos 15 días, el Gobierno nacional puede tomar ese silencio como una ausencia de objeciones y aplicar la Resolución 180/2025.
Este lunes, en la Sociedad Rural de Río Gallegos, los productores de la zona se reunirán para analizar el escenario actual y las distintas alternativas que se pueden establecer. Una de las opciones que se analizan es avanzar con barreras sanitarias provinciales, bajo la potestad federal que tiene la jurisdicción, como ocurre en la provincia de Mendoza, donde rige una medida sanitaria para proteger los cultivos frutales. La medida es provincial y depende del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen).
Otra alternativa es que las provincias de Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que actualmente son las que financian, en gran medida, la barrera sanitaria ubicada al sur del Río Colorado, firmen un acuerdo para imponer una única barrera sanitaria propia, que funcione en paralelo a la existente en la actualidad.