9 de mayo de 2025
SANTA CRUZ
Radicales, oposición y ahora el oficialismo: los frentes de batalla de Leguizamón
El vicegobernador enfrenta la tormenta perfecta: una rebelión interna dentro de su propio espacio político, una oposición fortalecida por una denuncia de género y un historial de conflictos que socavan su credibilidad y ponen su peligro su lugar en la estructura del Gobierno Provincial

El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, atraviesa una de las crisis políticas más complejas de su gestión y pocas veces vista en la vida política de la Provincia, enfrentando múltiples frentes que amenazan su estabilidad al frente de la Legislatura provincial. Su figura, que se presentaba como clave en el esquema de poder del gobernador Claudio Vidal, ahora parece estar desafiada por tensiones internas dentro del oficialismo, acusaciones de la oposición y una creciente erosión de su autoridad en el ámbito legislativo.
Es que el episodio más reciente y significativo ocurrió justamente ayer, cuando la quinta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados debió suspenderse por falta de quórum. El bloque Por Santa Cruz —integrado por radicales, miembros del PRO y del partido provincial Encuentro Ciudadano—, liderado por el diputado Pedro Luxen, abandonó el recinto en señal de protesta.
Ya en tono de quiebre los legisladores que se suponen deberían estar en su mismo bando, Leguizamón les acusó de exigir beneficios económicos, como cobertura de viáticos, alquileres en Río Gallegos y ampliación de cargos políticos, pese a percibir dietas mensuales de entre 4,5 y 5 millones de pesos. Sin embargo, el bloque desmintió estas afirmaciones y denunció un "vaciamiento de personal" en sus filas, irregularidades en contrataciones y conflictos laborales no resueltos por Presidencia de la Legislatura. Esta fractura interna, inédita en el oficialismo, sugiere una estrategia coordinada para desplazar a Leguizamón, con Luxen, exministro de Gobierno de Vidal, perfilándose como posible sucesor.
A esto se suma el enfrentamiento con Unión por la Patria (UxP), agudizado tras la denuncia de la diputada Lorena Ponce, quien acusó a Leguizamón de violencia política, misoginia y abuso de autoridad. El incidente, ocurrido el 25 de abril, derivó en una denuncia formal después de que Leguizamón descontara 1,2 millones de pesos a Ponce por inasistencia, medida que calificó como ajuste reglamentario. La legisladora describió un patrón de hostigamiento, incluyendo insultos y agresiones verbales, y criticó la pasividad de sus colegas ante estos hechos. Leguizamón, por su parte, rechazó las acusaciones y acusó a Ponce de instrumentalizar la violencia de género para ganar empatía política.
El desgaste de Leguizamón no es reciente. Desde inicios de la década, su relación con la Unión Cívica Radical (UCR) se resquebrajó tras su renuncia al partido, lo que gestaba desconfianza entre intendentes radicales que integran la coalición gobernante. Además, en abril, una interna partidaria con los intendentes del partido centenario profundizó las grietas, dejando en evidencia la falta de cohesión en el oficialismo. Estos antecedentes revelan un aislamiento progresivo, agravado por denuncias penales, como la presentada por la vocal del Tribunal de Cuentas, Karina Saúl, por presunta malversación de fondos públicos.
La crisis actual trasciende lo meramente legislativo. Desde la oposición señalan que el bloqueo de sesiones podría estar vinculado a intentos de evitar el tratamiento de pedidos de desafuero contra el diputado Fernando Españon, implicado en causas judiciales. Además, se especula que el gobernador Vidal habría avalado la movida contra Leguizamón para consolidar el control sobre la Legislatura, aunque esto genere "daños colaterales" en la estabilidad institucional.