5 de febrero de 2026
RIO NEGRO
Techo Digno: comenzó el juicio al exintendente de Fernández Oro por el manejo de fondos
Juan Oscar Reggioni y el empresario Néstor Sarasola enfrentan cargos por presuntas irregularidades en la administración de recursos nacionales destinados a la construcción de viviendas entre 2014 y 2015
Este jueves se inició el juicio oral y público contra el exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, y el empresario de la construcción Néstor Sarasola, en una causa que investiga el presunto manejo irregular de fondos del programa federal Techo Digno. La acusación sostiene que, durante los años 2014 y 2015, se desviaron recursos públicos que estaban destinados a la construcción de 50 viviendas en esa localidad rionegrina.
Reggioni llega al debate imputado como autor de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con peculado. Sarasola, titular de la empresa constructora Eraiki S.A., está acusado de administración fraudulenta como partícipe necesario, en relación con los mismos hechos.
Durante los alegatos de apertura, el fiscal jefe detalló que el juicio buscará demostrar que el entonces intendente administró fondos públicos que no le pertenecían y sobre los cuales no tenía facultades discrecionales. Según explicó, el municipio había firmado un convenio con el Estado nacional para ejecutar las viviendas bajo el programa Techo Digno, lo que implicaba obligaciones precisas, entre ellas la realización de una licitación pública, la celebración de contratos y el cumplimiento estricto de los mecanismos de certificación de obra.
El representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que la totalidad de los fondos previstos en el convenio fueron efectivamente transferidos desde Nación al municipio, y que las irregularidades se produjeron en la forma en que esos recursos fueron administrados. En ese marco, sostuvo que se efectuaron pagos indebidos a la empresa constructora, por montos superiores a los que correspondían según el avance real de las obras.
Respecto al rol del empresario, la Fiscalía indicó que Sarasola habría recibido sobrepagos en el marco de la obra pública, con pleno conocimiento de que los desembolsos no se ajustaban a la normativa vigente. “El constructor que acepta una obra pública conoce las reglas del sistema y, aun así, habría percibido montos superiores a los legalmente establecidos”, señaló el fiscal.
Las defensas, en tanto, negaron la existencia de dolo. El abogado del exintendente sostuvo que Reggioni actuó conforme a la normativa aprobada por el Concejo Deliberante local y que no existió una intención de defraudar al Estado. Por su parte, el defensor del empresario afirmó que la diferencia entre el dinero cobrado y el avance de obra fue mínima, y cuestionó los criterios técnicos utilizados para medir y actualizar los montos observados por la acusación.
En relación con el delito de peculado, la Fiscalía explicó que esta figura penal no requiere necesariamente un beneficio personal directo, sino que apunta a proteger la transparencia y el correcto funcionamiento de la administración pública. Según el planteo acusatorio, los fondos estaban bajo la esfera de custodia del intendente y fueron utilizados para fines distintos a los establecidos en el convenio original, lo que configura una violación a ese deber de resguardo.
De acuerdo con la acusación, entre marzo y diciembre de 2015 el municipio recibió más de 18 millones de pesos en el marco del Acuerdo N.º 2157/2014 suscripto con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. Parte de esos fondos habría sido destinada a pagos sin respaldo suficiente en certificaciones de obra, y otra porción —más de 8 millones de pesos— habría sido desviada a obras no previstas y a transferencias a otras cuentas municipales.
La Fiscalía indicó que se abonó aproximadamente el 30,12 % del contrato cuando el avance real de la obra, constatado por inspecciones posteriores, no superaba el 27,68 %. Esa diferencia representaría un sobrepago que, actualizado, supera los 83 millones de pesos.
El debate contará con la declaración de 28 testigos, entre ellos exintendentes, personal del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), funcionarios municipales, ingenieros, contadores y arquitectos. Está previsto que el juicio finalice el miércoles 11 de febrero, con la realización de los alegatos de clausura.