14 de mayo de 2026
RIO NEGRO
Provincia pidió más tiempo para clarificar la compra de tierras con fondos Emiratíes
El Ejecutivo provincial solicitó una prórroga de 30 días hábiles para contestar un pedido de informes impulsado por la oposición sobre una operación inmobiliaria en la zona andina
El Gobierno de Río Negro pidió extender por 30 días hábiles el plazo para responder un pedido de informes presentado en la Legislatura provincial por una controvertida operación inmobiliaria que involucra la compra de más de 14.000 hectáreas en la región andina, presuntamente financiada con dinero proveniente de Emiratos Árabes Unidos.
La solicitud fue formalizada por la Secretaría Legal y Técnica provincial, conducida por María Julia Mosquera, a partir de un requerimiento del ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos. Desde el Ejecutivo argumentaron que la información requerida demanda un trabajo de recopilación y análisis de cierta complejidad técnica, por lo que consideraron necesario ampliar los plazos para elaborar la respuesta.
El pedido de informes había sido promovido por el bloque legislativo Vamos con Todos, encabezado por la legisladora Magdalena Odarda, quien busca esclarecer las condiciones de una operación mediante la cual el ex polista Hugo Alberto Barabucci habría adquirido un amplio predio rural en la cordillera rionegrina, con participación de un fideicomiso privado.
El foco de las dudas opositoras está puesto en el origen de los fondos utilizados para concretar la compra. Según plantearon los legisladores, Barabucci habría manifestado en una instancia judicial que parte del financiamiento provino de una donación de dos millones de dólares realizada por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, sin contraprestación alguna.
A partir de esa declaración, el bloque opositor reclamó precisiones sobre si los organismos provinciales realizaron controles para verificar la trazabilidad del dinero, el encuadre legal de la operación y el cumplimiento de las normativas vigentes sobre adquisición de tierras rurales.
Entre los puntos incluidos en el requerimiento legislativo figuran consultas sobre la situación dominial del inmueble, su eventual ubicación dentro de zonas de frontera o áreas protegidas, y la aplicación de la Ley Nacional de Tierras Rurales, que regula el acceso de extranjeros a grandes extensiones territoriales.
Además, los legisladores solicitaron conocer qué mecanismos de supervisión desplegó la Provincia para descartar posibles irregularidades vinculadas al origen de los fondos, como eventuales maniobras de lavado de activos o delitos económicos complejos.