11 de marzo de 2026
CHUBUT
Declararon culpable a una exfuncionaria arcionista por negociaciones incompatibles
Un tribunal escabinado halló responsable a Carolina Pardo Said, exjefa de Compras del Ministerio de Seguridad de Chubut, por negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación del Ministerio Público Fiscal probó que direccionó contrataciones a favor de su pareja por más de un millón de pesos
El primer tribunal escabinado conformado en Chubut declaró culpable a Carolina Pardo Said, exjefa del Departamento de Compras del Ministerio de Seguridad provincial, por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La sentencia surge de una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que logró acreditar que la funcionaria direccionó contrataciones estatales en favor de su pareja, Vicente Andrés García, por un monto total que superó el millón de pesos.
El juicio se desarrolló en la Oficina Judicial de Rawson y estuvo a cargo del fiscal general Omar Rodríguez, acompañado por la funcionaria de fiscalía Analía Acuña. El tribunal mixto estuvo integrado por los jueces técnicos María Laura Martini, Eve Ponce y Jorge Novarino, junto a dos ciudadanos convocados mediante el mecanismo de participación ciudadana previsto por la ley. Tras evaluar la prueba reunida durante la investigación, el tribunal concluyó que la imputada incurrió en un claro conflicto de intereses al intervenir en contrataciones que beneficiaron directamente a su pareja. La defensa fue ejercida por el abogado Diego Cruceño.
De acuerdo con la acusación del MPF, las gestiones administrativas impulsadas por Pardo Said incluyeron la contratación de trabajos de reparaciones mecánicas, refacciones edilicias y servicios eléctricos para distintas dependencias del Ministerio de Seguridad. Todas esas tareas fueron adjudicadas a García mientras la funcionaria se encontraba en ejercicio de su cargo, una situación que violaba las normas de incompatibilidad que rigen para los funcionarios públicos.
La investigación judicial se remonta a febrero de 2024, cuando el fiscal Rodríguez imputó formalmente a la entonces funcionaria por haber autorizado ocho contrataciones directas entre los años 2022 y 2023 a favor de su pareja, sin instancias de competencia o licitación. En conjunto, esas operaciones representaron un total de 1.092.700 pesos destinados a trabajos de mantenimiento en instalaciones oficiales.
El avance de la causa llevó a que en marzo de 2025 la jueza Karina Breckle dispusiera la apertura del juicio oral. Meses más tarde se confirmó que el proceso se resolvería mediante un tribunal escabinado, un formato inédito en la provincia que combina la intervención de magistrados profesionales con la participación de ciudadanos en la toma de decisiones judiciales, particularmente en casos vinculados a delitos contra la administración pública.
Durante el debate oral se incorporaron documentos administrativos, órdenes de contratación y testimonios que, según la acusación fiscal, permitieron reconstruir el circuito de decisiones que derivó en el direccionamiento de fondos públicos hacia el proveedor vinculado a la funcionaria. Para el Ministerio Público Fiscal, el conjunto de pruebas permitió demostrar que existió una intervención directa de Pardo Said en la asignación de trabajos que terminaron beneficiando económicamente a su entorno personal.
La resolución del tribunal marca además un antecedente institucional para el sistema judicial chubutense, ya que se trata de la primera vez que se aplica el mecanismo del tribunal escabinado en la provincia. Desde el ámbito judicial destacan que este modelo busca reforzar la transparencia y legitimidad de las decisiones en procesos sensibles, especialmente aquellos relacionados con presuntos hechos de corrupción dentro del Estado.
Tras el veredicto de culpabilidad, el proceso judicial continuará con la audiencia de cesura de pena, prevista para el próximo jueves. En esa instancia se debatirá cuál será la sanción que corresponderá aplicar a la exfuncionaria.
El delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública contempla penas que pueden ir desde la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta condenas de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y de las circunstancias que evalúe el tribunal al momento de dictar la sentencia definitiva.