26 de febrero de 2026
¿COINCIDENCIA?
Alerta por el agua: se debate la reforma de la ley de Glaciares en medio de visitas qataríes
El Senado debatirá hoy la propuesta del Ejecutivo de Javier Milei que busca modificar la norma actual y flexibilizarla, permitiéndo las actividades extractivistas en zonas periglaciares. La discusión se da en medio de un desembarco de extranjeros en el país, sobre todo en la Patagonia
El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma a la Ley de Glaciares (26.639) que, según organizaciones ambientalistas, especialistas y constitucionalistas, representa un grave retroceso en la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país.
El proyecto, que se debate este jueves en el Senado con el objetivo de obtener media sanción, flexibiliza los estándares de preservación de glaciares y ambientes periglaciares para priorizar inversiones en minería e hidrocarburos, especialmente en provincias del noroeste y Cuyo.
La iniciativa delega en las provincias la definición de la "relevancia hídrica" de cada glaciar, permitiendo que se retiren del Inventario Nacional (a cargo del IANIGLA) aquellos que no cumplan con criterios provinciales. Esto habilitaría actividades extractivas, hoy prohibidas en zonas sensibles, como glaciares de escombros y suelos congelados que alimentan cuencas hídricas esenciales para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad.
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó la reforma como "hecha a medida" del lobby minero incluso la denominó "reforma Barrick Gold", argumentando que quita el rol científico objetivo y entrega decisiones a funcionarios provinciales sin criterios técnicos claros. "Quieren que un funcionario decida qué glaciar proteger", advirtió, y adelantó que judicializarán la norma si avanza por su carácter inconstitucional y regresivo.
Más de 85 constitucionalistas y académicos enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel alertando que los cambios vulneran el artículo 41 de la Constitución Nacional, el principio precautorio, el de no regresión ambiental (consagrado en el Acuerdo de Escazú) y los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos desde la reforma de 1994. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y asambleas ambientales coinciden en que la modificación erosiona la seguridad jurídica, aumenta riesgos de daños irreversibles y prioriza ganancias corporativas sobre el acceso al agua en un contexto de crisis climática e hídrica.
Además, la reforma surge en un contexto de creciente presencia de inversores extranjeros en la Patagonia, como los vinculados a Qatar, que han adquirido decenas de miles de hectáreas en provincias como Río Negro y Chubut, enfocados en áreas de alto valor ambiental con acceso a recursos hídricos estratégicos.
Estos movimientos, impulsados por la escasez de agua en el Golfo Pérsico y la búsqueda de diversificación de activos, avivan temores de que la flexibilización de la Ley de Glaciares abra la puerta a la explotación de reservas de agua dulce provenientes de glaciares y entornos periglaciares, amenazando la soberanía nacional y exacerbando la presión sobre este recurso vital en medio del cambio climático.
Pese a las modificaciones negociadas en los artículos 6 y 7, que incorporan referencias a leyes ambientales existentes y exigen monitoreo hídrico, , ambientalistas las consideran cosmética o redundantes, sin alterar el espíritu flexibilizador. El oficialismo defiende la reforma como una "aclaración" que elimina "inseguridad jurídica" y devuelve potestades a las provincias, pero críticos como el senador Daniel Bensusán la rechazan tajantemente: "Ni en pedo voto esta ley", por su impacto en el recurso vital.
La sesión en el Senado, prevista para las 11, incluye también otros temas clave como el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El oficialismo confía en una cuenta ajustada, con apoyos divididos en PRO, UCR y peronistas dialoguistas, pero la resistencia ambiental y jurídica crece: protestas incluyeron detenciones de activistas de Greenpeace en el Congreso, que simbolizaron el rechazo a lo que llaman una "guerra por el agua". Si obtiene media sanción, el texto pasará a Diputados, donde se anticipa un debate aún más polarizado.