25 de febrero de 2026
RIO NEGRO
Fuerza Patria acusó a la justicia rionegrina de “persecución” por la causa Techo Digno
Intendentes, y legisladores provinciales y nacionales de ese espacio difundieron un documento donde aseguran que el expediente contra ex intendentes de diversos partidos lleva más de una década y “se ha transformado en un símbolo del mal desempeño, la parcialidad y el abuso de un sector del Poder Judicial provincial”
Intendentes, legisladores provinciales, y senadores y diputados nacionales de Fuerza Patria de la provincia de Río Negro expresaron su “profunda preocupación” por la persistencia de la causa judicial conocida como “Techo Digno”, donde más de una docena de intendentes de esa provincia fueron acusados de haber malversado fondos provenientes del gobierno nacional para la constricción de viviendas en los diversos municipios.
El documento, que lleva la firma de los intendentes María Emilia Soria (General Roca), Sergio Hernández (Lamarque), Héctor Leineker (General Conesa), Daniela Salzotto (Catriel) y Albino Garrone (Godoy); de los legisladores Leandro García, José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé; de los senadores Martín Soria y Ana Marks; y de los diputados nacionales Adriana Serquis y Marcelo Mango, señala que el expediente “lleva más de una década abierto sin resultados concretos y que se ha transformado en un símbolo del mal desempeño, la parcialidad y el abuso de un sector del Poder Judicial provincial”.
“Lejos de constituir un proceso orientado a la búsqueda de verdad o justicia, esta causa se ha convertido en una herramienta de presión y disciplinamiento, llevada adelante por el Ministerio Publico Fiscal en connivencia con el poder político, dejando seriamente cuestionada la independencia judicial”, señalan en el comunicado.
Hacen alusión a la “prolongación irrazonable de los tiempos procesales, la construcción de imputaciones genéricas y la incorporación sistemática de nuevos acusados año tras año” y afirman que “configuran un mecanismo de hostigamiento que vulnera derechos y garantías constitucionales básicas de nuestra democracia”.
“Resulta evidente que no se trata de esclarecer hechos sino de instalar sospechas permanentes y definir, desde el poder, quiénes pueden convertirse en adversarios políticos e incluso dirimir conflictos internos dentro del propio esquema gubernamental. La judicialización selectiva de la política no es justicia: es persecución”, remarcan.
El comunicado del bloque circuló un día después de conocerse que el ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, fue absuelto en la causa en que estaba acusado de ser autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con peculado, en el marco de un convenio con Nación para la construcción de 50 viviendas en esa localidad, firmado en 2015.
Tanto Reggioni como el empresario de la construcción, Néstor Raúl Sarasola, titular de la empresa involucrada en la maniobra investigada, fueron absueltos por la justicia, en una decisión tomada por unanimidad.
Entre febrero y marzo, estaba prevista la formulación de cargos contra dos ex intendentes Gustavo San Roman, y Luis Ivancich, y contra la actual intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, que están siendo investigados por la justicia rionegrina por la construcción de viviendas en Cervantes, Río Colorado y Godoy, entre 2013 y 2015.
San Román es el primer jefe comunal del oficialismo en ser investigado en la megacausa.
Otros ex jefes comunales que están siendo investigados son el actual diputado libertario y ex intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, y su antecesor, Abel Baratti. También están en etapa de investigación la ex intendenta de Cinco Saltos, Liliana Alvarado y su antecesor, German Epul; el ex jefe comunal de Fernández Oro, Juan Reggioni; los de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Adrián Iribarren; y el ex intendente de Choele Choel, Daniel Belloso, que actualmente es legislador y preside la bancada del PJ-NE.
Para los referentes de Fuerza Patria, “este accionar erosiona la credibilidad institucional y naturaliza una peligrosa confusión entre poder político y poder judicial. Cuando la Justicia deja de ser un poder independiente para transformarse en una herramienta del Ejecutivo de turno, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales”.
En un contexto de descrédito de las instituciones por parte de la ciudadanía, entienden que “Para que Río Negro vuelva al sendero del crecimiento y el desarrollo, es imprescindible reformular de raíz su estructura institucional. La justicia es una de las instituciones que deben ser transformadas profundamente, en beneficio de la ciudadanía. Necesitamos una justicia creíble, que recupere la confianza social, que deje de arrodillarse ante los poderosos y de castigar a quienes trabajan y sostienen la provincia todos los días”.