5 de febrero de 2026
NUMEROS EN ROJO
Santa Cruz confirma pauta salarial cero y se profundiza el conflicto con estatales
El Gobierno provincial ratificó que no habrá aumentos para la administración pública este año, en un contexto de déficit fiscal y caída de recursos. Los gremios rechazaron la medida, denunciaron la falta de paritarias y advirtieron sobre medidas de fuerza ante el congelamiento de salarios y el no reconocimiento de incrementos ya acordados
El Gobierno de Santa Cruz ratificó la pauta salarial cero para los trabajadores estatales durante 2026, una definición que quedó plasmada en el Presupuesto provincial y en la Resolución 030/26 del Ministerio de Economía, y que ya generó un fuerte rechazo de los gremios del sector público, que advierten sobre el inicio de un conflicto de alcance provincial.
El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, confirmó que no están previstos aumentos salariales para la administración pública y explicó que la decisión responde a la delicada situación financiera que atraviesa la provincia. Según detalló, Santa Cruz enfrenta un escenario marcado por el déficit fiscal, la caída real de la coparticipación nacional y una merma en la recaudación local producto del menor nivel de actividad económica.
Si bien dejó abierta la posibilidad de evaluar la evolución de los recursos a lo largo del año, aclaró que la base presupuestaria actual no contempla incrementos y que cualquier definición futura estará atada estrictamente al comportamiento de los ingresos provinciales.
El Presupuesto 2026 proyecta un déficit de $353.000 millones, lo que obligó al Ejecutivo a priorizar una política de contención del gasto. En ese marco, el Gobierno analiza la emisión de bonos y letras por hasta $100.000 millones como herramienta para afrontar compromisos financieros. “Hasta que no veamos cómo se comportan los recursos y los gastos en los primeros meses del año, es difícil definir necesidades de endeudamiento”, sostuvo el ministro.
La confirmación de la pauta salarial cero fue duramente cuestionada por el Frente Sindical, que nuclea a gremios municipales, judiciales, estatales, docentes, viales provinciales y nacionales. En una conferencia de prensa realizada en la sede del gremio Judiciales de Río Gallegos, los referentes sindicales denunciaron que la resolución del Ministerio de Economía no solo congela los salarios para 2026, sino que además no prevé la apertura de paritarias, lo que, a su entender, desnaturaliza la negociación colectiva.
Desde el sector judicial advirtieron que la medida tiene un impacto directo, ya que, según señalaron, no se estarían reconociendo aumentos salariales previamente acordados en actas paritarias. Se trata de incrementos del 3% y del 1% que ya venían siendo abonados, por lo que los gremios sostienen que constituyen un derecho adquirido y no pueden ser desconocidos por una resolución administrativa.
Los gremios coincidieron en que la resolución “cambia todas las reglas del juego” y profundiza una crisis salarial que ya impacta de lleno en la vida cotidiana de los estatales. En ese marco, el Frente Sindical llamó a fortalecer la unidad gremial y anticipó nuevas reuniones para definir acciones conjuntas, advirtiendo que el conflicto podría escalar si no hay respuestas por parte del Gobierno provincial.
La Resolución 030/26 del Ministerio de Economía fija los lineamientos salariales y presupuestarios para el ejercicio 2026. Su eje central es el establecimiento de una pauta salarial real cero, lo que implica que no se prevén incrementos generales, no se contemplan mecanismos automáticos de actualización por inflación y toda política salarial queda supeditada a los límites presupuestarios definidos por el Ejecutivo.
Si bien el texto no prohíbe de manera explícita la negociación paritaria, tampoco la contempla como herramienta para definir salarios durante el año, lo que en la práctica implica una definición unilateral de la política salarial y una fuerte restricción al diálogo con los gremios.
Con este escenario, Santa Cruz inicia 2026 con un congelamiento salarial, un frente sindical en alerta y la amenaza de medidas de fuerza, en un contexto económico que combina ajuste fiscal, caída de recursos y un creciente malestar entre los trabajadores del Estado.