22 de diciembre de 2025
JUDICIALES
Procesaron a un exministro santacruceño por estafa y falsificación de documentos
La Justicia Federal de San Martín dictó el procesamiento de Julio Norberto Gutiérrez, exministro de Trabajo de Santa Cruz y actual representante en el Parlasur, en una causa que investiga una presunta maniobra judicial y sindical por más de 750 millones de pesos
La Justicia Federal de San Martín resolvió procesar al exministro de Trabajo de Santa Cruz, Julio Norberto Gutiérrez, en el marco de una causa penal en la que se lo investiga por los delitos de estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documentos ideológicamente falsos. La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de esa jurisdicción y alcanza también a otros dos integrantes de su entorno sindical.
Además de Gutiérrez, fueron procesados Julio César Núñez, apoderado legal del sindicato UPSAP, y Juan Marcelo Soria, inspector de fiscalización de la misma organización. A los tres imputados se les dictó una medida de coerción sin prisión preventiva y se dispuso un embargo de 250 millones de pesos para cada uno, en función del perjuicio económico que se investiga en la causa.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la empresa SECAR Security Argentina S.A. (ex Securitas), que acusó a la conducción sindical de haber confeccionado y utilizado un certificado de deuda sindical ideológicamente falso. Según la presentación, ese documento fue empleado para inducir a error a la Justicia Federal y obtener una medida cautelar que derivó en el embargo de cuentas bancarias de la firma.
De acuerdo con la resolución judicial, el certificado cuestionado consignaba una supuesta deuda por aportes sindicales correspondiente a 234 trabajadores, durante el período comprendido entre 2018 y 2022. Sin embargo, la empresa denunciante sostuvo que dicha deuda no existía, que se alteraron listados de personal y que incluso se incluyeron trabajadores que no pertenecían a la firma, lo que habría permitido avanzar con un reclamo judicial millonario.
La jueza Alicia Vence consideró que, en esta etapa del proceso, existen elementos suficientes para sostener que los imputados actuaron como coautores de la maniobra investigada. En ese sentido, el fallo remarca que los certificados de deuda sindical gozan de presunción de legitimidad, circunstancia que habría sido utilizada para consumar la presunta estafa procesal mediante la presentación de documentación con datos falsos.
El accionar denunciado permitió, en su momento, el embargo de fondos por más de 720 millones de pesos, a partir de una medida dictada en un expediente civil que luego fue revisado por la Justicia. Tanto el juzgado interviniente como la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín concluyeron posteriormente que la deuda reclamada carecía de exigibilidad y que el título ejecutivo utilizado no tenía sustento válido.
En su resolución, el tribunal penal aclaró que la investigación no cuestiona la actividad sindical ni el derecho constitucional de las organizaciones gremiales a reclamar aportes, sino el eventual uso fraudulento de instrumentos públicos y del proceso judicial para obtener un beneficio patrimonial indebido.
Con el procesamiento dictado, la causa continuará su curso hacia las próximas etapas, mientras se profundiza el análisis probatorio sobre una maniobra que ya generó fuerte repercusión política, judicial y gremial, tanto en Santa Cruz como a nivel nacional.