2 de diciembre de 2025
REPRESAS
Hidroeléctricas del Comahue: senadores peronistas acusan una entrega “a precio vil”
Parlamentarios de Río Negro y Neuquén denunciaron que las ofertas por las cuatro centrales representan menos del 15% de su valor real y que el Gobierno impulsa un esquema que excluye a las provincias, favorece a empresarios afines y profundiza la pérdida de control sobre recursos estratégicos
Los senadores peronistas Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Ana Marks por Neuquén; y Silvina Larraburu, Martín Doñate y Martín Soria por Río Negro emitieron un documento en el que acusan al Gobierno nacional de llevar adelante “una entrega a precio vil” en el proceso de privatización de las represas del Comahue. La crítica se reactivó tras conocerse las ofertas económicas, que totalizan 684 millones de dólares por el paquete completo de cuatro centrales que concentran cerca del 30% de la generación hidroeléctrica del país.
Según los legisladores, la cifra está muy lejos del valor real de los activos. Citan un informe de la Cámara Argentina de la Construcción que estima en 5.138 millones de dólares el valor conjunto de las centrales, lo que ubica las ofertas en menos del 15% del monto calculado. “No es una venta, es una entrega”, señalaron, al cuestionar que el Gobierno haya lanzado una licitación “sin base técnica” y sin una tasación oficial del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El documento sostiene que se repite el esquema de los años 90, cuando Hidronor —la empresa estatal que construyó las represas con una inversión estimada en 20.000 millones de dólares— fue desmembrada y vendida por cifras que ya entonces se consideraban subvaluadas. Para los parlamentarios, la decisión del gobierno de Javier Milei reedita aquel modelo “fallido”, “diseñado por consultoras extranjeras” y orientado a permitir que empresas privadas extraigan ganancias sin realizar inversiones significativas.
Otra de las críticas apunta a la composición de los oferentes. Las senadoras y senadores remarcan que, a diferencia del proceso privatizador anterior, no participaron grandes operadores internacionales como AES (Estados Unidos) o ENEL (Italia). En cambio, aparecieron grupos locales “de conocida cercanía al Gobierno”, entre ellos MSU Energy, Edison Inversiones y Central Puerto. Para los firmantes, esa reconfiguración confirma la existencia de “un círculo íntimo de capitales concentrados” favorecido por el esquema actual.
Uno de los ejes más fuertes del planteo es la denuncia de la exclusión de las provincias de Neuquén y Río Negro, titulares originarias de los recursos hídricos según el artículo 124 de la Constitución. Los legisladores aseguraron que el rol que se les ofrece en el proceso es “meramente decorativo”, limitado a funciones de veeduría sin poder de decisión. En el caso de Neuquén, además, advirtieron que perdería su histórica participación del 30% en El Chocón, un activo que —de acuerdo con su planteo— le reportaba a la provincia ingresos superiores a los de todas las regalías combinadas.
También cuestionaron la ausencia de exigencias de inversión, ampliación o mejoras que obliguen a los futuros concesionarios a realizar obras de largo plazo, tanto en infraestructura energética como en sistemas de riego previstos por el Código de Aguas de Río Negro. Señalaron que, durante tres décadas de concesiones privadas, nunca se realizaron los proyectos que permitirían irrigar miles de hectáreas y que podrían generar empleo y desarrollo regional.
Los senadores remarcaron que el modelo vigente ya había demostrado ser un canal de salida de divisas. Citaron datos del Banco Central que indican que entre 2016 y 2021 las operadoras de las represas fugaron más de 150 millones de dólares, con Central Puerto y ENEL a la cabeza. Afirmaron que el nuevo esquema no solo no corrige ese problema, sino que lo institucionaliza al no exigir la reinversión de utilidades en mejoras o ampliaciones.
En paralelo, los parlamentarios comunicaron que presentaron un amparo judicial con una medida cautelar de no innovar para intentar frenar el proceso. El reclamo se basa en la falta de tasación previa por un organismo público, la exclusión de las provincias como titulares del recurso hídrico y presuntas irregularidades en la transparencia y concurrencia de la licitación. Sin embargo, aseguraron que la Justicia rechazó la medida cautelar, a la que calificaron como una decisión alineada con “intereses corporativos”.
El documento concluye con un llamado a revertir el modelo propuesto por el Gobierno y a restituir el control estatal y provincial sobre las centrales. Los senadores plantearon que las represas deberían ser gestionadas por ENARSA en conjunto con las provincias, bajo un esquema que priorice la soberanía energética, el desarrollo productivo regional y la administración pública de los recursos estratégicos.