Política Provincial
14 de marzo de 2024
NEUQUEN
Ratificaron las condenas a la cúpula policial de Sobisch por el caso Fuentealba II
El STJ consideró que el exjefe de policía, Carlos Salazar, y otros efectivos de jerarquía abusaron de su autoridad durante las represiones en Arroyito en abril de 2007, que tuvieron como consecuencia el asesinato del docente Carlos Fuentealba
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó este jueves la condena por abuso de autoridad contra Carlos Zalazar, exjefe de la Policía de Neuquén durante el gobierno de Jorge Sobisch, por su participación en la planificación de la represión en Arroyito en la que resultó asesinado el docente Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007. Esta acción fue ordenada por el entonces gobernador, Jorge Sobisch, para evitar una manifestación en la Ruta 22.
La sentencia del TSJ, cuyo juicio fue el año pasado, también incluye la confirmación de las condenas a otros exjefes policiales como Jorge Garrido y Benito Matus, quienes ocupaban cargos relevantes en la época. Los recursos presentados por las defensas fueron declarados inadmisibles, lo que respalda las decisiones previas de la justicia.
El cabo José Darío Poblete, responsable directo del asesinato de Fuentealba, recibió una condena a prisión perpetua en 2008. La investigación conocida como "Fuentealba II" se centró en establecer las responsabilidades políticas en la dirección de aquel operativo represivo, impulsada por la querella representada por Sandra Rodríguez, pareja del fallecido, y sus hijas.
Las penas impuestas a los exjefes policiales condenados, entre ellos Zalazar, Garrido y Matus, son de ejecución condicional y no superan los dos años de prisión. Este fallo refuerza la sentencia de primera instancia y la confirmación realizada por el Tribunal de Impugnación en noviembre del año pasado.
Como lo considero históricamente el gremio de docentes de la provincia ATEN, el caso Fuentealba ha sido un hito en la lucha por la justicia en Argentina, evidenciando el uso arbitrario de la fuerza por parte de las autoridades policiales y buscando establecer responsabilidades políticas en tragedias como la ocurrida en Arroyito en 2007.
En noviembre de 2023, un Tribunal de Impugnación confirmó las condenas a los exjefes policiales involucrados en la represión de la protesta docente en la que murió Fuentealba. Las condenas oscilaron entre 1 año y 4 meses y 1 año y 6 meses de prisión, según los cargos y la participación de cada acusado.