16 de diciembre de 2024
CHUBUT
Condenaron a un funcionario judicial de la Provincia por falsificación de actas
Daniel Tejero, exdirector de los Juzgados de Paz de la provincia, fue sentenciado a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos, tras ser hallado culpable de falsificar documentos en un concurso administrativo
El funcionario judicial Daniel Tejero, exdirector de los Juzgados de Paz de la provincia del Chubut, fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso, además de recibir una inhabilitación de tres años para ocupar cargos públicos. La sentencia fue dictada por la jueza Eve Ponce en el marco de un juicio oral y público por la falsificación de actas en un concurso abierto para cubrir un puesto de auxiliar administrativo en el Juzgado de Paz de Gastre.
La causa se originó tras una denuncia presentada por el exministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, en la fiscalía de Puerto Madryn. Báez detectó irregularidades en las actas y firmas del proceso tras comunicarse con dos postulantes al concurso, lo que derivó en la acusación contra Tejero por el delito de “falsedad ideológica”. Durante el juicio, el fiscal general Alex Williams, acompañado por el abogado querellante Martín Castro de la Fiscalía de Estado, expuso pruebas que acreditaron que el exfuncionario incluyó declaraciones falsas en documentos públicos, generando un potencial perjuicio en el proceso evaluador.
El juicio, desarrollado en la Oficina Judicial de Rawson, contó con el testimonio de Báez, quien fue el primero en declarar ante el Tribunal de Enjuiciamiento. También prestaron declaración varios testigos clave, entre ellos Ricardo Aguilera, representante del SITRAJUCH en la junta evaluadora, y postulantes como Marcela Yalacate, Aida Castro, Manuel Contreras y Leonardo Riera. La defensa de Tejero estuvo a cargo del abogado Adolfo Pérez Galimberti.
La jueza Ponce consideró probados los hechos imputados y dictó la condena, resaltando la gravedad del ilícito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La sentencia establece un precedente en la provincia en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios en garantizar la transparencia de los procesos administrativos y concursales.