Luego de la frustrada sesión extraordinaria de la semana pasada, el legislador provincial de Encuentro Ciudadano, Gabriel Oliva, realizó un informe con datos recolectados de información legislativa, Cámara de Diputados, Presupuestos provinciales 2014-2022 basándose en dos ejes: la reducción del presupuesto en educación en los últimos seis años; y los mecanismos que aplica el CPE para aislar a las escuelas de la comunidad.
En este documento el diputado concluye que la provincia aplicó una “reducción deliberada y evidente de presupuesto educativo” desde la asunción de Alicia Kirchner. También señaló los mecanismos de “silenciamiento” de las escuelas, donde “las puertas se cierran incluso a las donaciones”.
“Las escuelas de Santa Cruz cierran sus puertas y cualquier ONG o institución de la comunidad que quiera involucrar a los alumnos, ya sea en compostaje o una charla con veteranos de Malvinas, necesita de una imposible autorización de los altos mandos del Consejo Provincial de Educación”, explicó Oliva y agregó: “Tampoco pueden ingresar los acompañantes terapéuticos de los alumnos con discapacidades, que por lo tanto tienen unas pocas horas a la semana de clases. No pueden ingresar las autoridades electas como diputados o concejales, ya que de lo contrario los directivos son inmediatamente sumariados”.
En la misma línea, el legislador señaló: “Se persigue a cualquier director que acepte una camionada de ripio, una heladera o una caldera que mitigue las muchas carencias de las escuelas. Actividades como los Centros de Actividades Juveniles CAJ y los CABI, Colegios Abiertos que funcionaban los fines de semana. Y otras iniciativas que enlazaban con la comunidad fueron también canceladas o reducidas”.
“Esto contradice el espíritu y la letra de la Ley 3305 de Educación de Santa Cruz, que dice que la escuela mantendrá vínculos regulares y sistemáticos con el contexto social, desarrollará actividades de extensión y que la escuela debe establecer condiciones y propuestas pedagógicas que aseguren a los niños con discapacidades temporales o permanentes, el desarrollo de sus capacidades, la integración escolar y el pleno ejercicio de sus derechos”, destacó.
Al cuestionarse sobre el motivo de estas medidas, Oliva denunció: “Desde el principio el gobierno se planteó como un desafío político silenciar al sector docente, que había enfrentado con éxito al kirchnerismo en su etapa de esplendor, y de paso realizar un ajuste al mejor estilo neoliberal para ‘acomodar los números’”.
En cuanto a los números, el informe elaborado por el legislador detalla que “en el último presupuesto elaborado por la gestión Peralta (el de 2016 que fue presentado en diciembre de 2015), Educación se llevaba 24% del presupuesto provincial. Desde ese momento se redujo el presupuesto educativo y los salarios docentes perdieron sistemáticamente: en 2016 los docentes obtuvieron 26,4% de aumento frente a una inflación del 40,3% y en 2017 los salarios aumentaron un 8% frente a una inflación del 24.8%. Solamente en los dos primeros años un maestro perdió un tercio de su salario, y esto siguió”.
“En síntesis: ese gobierno redujo el presupuesto educativo una cuarta parte (del 24 al 18%) y los salarios docentes, que ya eran escasos en la época de Peralta, son hoy en día (julio de 2022) de apenas $69.877 para un cargo testigo, cuando la canasta básica de gastos a nivel nacional es de $104.216. Esto, sumado al abandono del mantenimiento mínimo de las escuelas, la falta de inversión en nuevos edificios escolares y de equipamiento en general tampoco es casualidad: se debe a una reducción deliberada y evidente del presupuesto educativo”, señala.
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