Argentina
Jueves, 18 abril 2024
CHUBUT
14 de julio de 2022

Causa Ñoquis calientes: a fin de mes se llevará a cabo la audiencia preliminar

Será el próximo 27 de julio. En la misma la jueza de Garantías, Ivana González, deberá evaluar si la investigación cumple con todos los requisitos legales para que los imputados, entre ellos la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, sean sometidos a juicio oral y público

Causa Ñoquis calientes: a fin de mes se llevará a cabo la audiencia preliminar - La Tecla Patagonia

El próximo día 27 de julio será la audiencia preliminar al juicio oral y público en la causa denominada como “Ñoquis calientes” que tiene a la ex ministro y diputada provincial Cecilia Torres Otarola como principal imputada.

La jueza de garantías Ivana González será quien deberá resolver si la investigación cumple con todos los requisitos legales para que los imputados sean sometidos a juicio oral y público.

Se trata de una de las etapas fundamentales del proceso penal donde quedará develado si los imputados fueron culpables o no de los delitos que se les endilga. “Es la forma más transparente que tiene nuestro sistema, independientemente de los resultados”, indicó el fiscal general Omar Rodríguez.

La audiencia preliminar se realizará en la Oficina Judicial de Rawson. La investigación se encuentra a cargo del fiscal general Omar Rodríguez quien estará acompañado por la funcionaria de Fiscalía,  Analía Acuña. Ambos integran la Unidad Fiscal Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

Están imputados la exministra de Familia,Cecilia Torres Otarola; la exsubsecretaria Jaquelina Rodera; su marido Marcelo Neira; su sobrino Facundo Solari Rodera; su hermana, Mara Rodera; su hijo,  Branco Rodera Neira; Carlos Antonio Cundari (socio del marido de Rodera) y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además a Silvana Adriana Cañumil, indicada como “la niñera”; Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, todos colaboradores de Otarola.  

La Justicia intenta determinar la existencia de “asesores” y personal con cargo, que no cumplían funciones para el ministerio de Familia por un lado; y por otro, el posible cobro de “retornos” de los sueldos de estas personas, como una devolución de favores por el nombramiento. 

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