En diciembre del año pasado representantes de Neuquén y Río Negro formaron una comisión para confeccionar un documento que detalle la situación actual de las represas de ambas provincias ya que el año que viene vencen las concesiones de las hidroeléctricas ubicadas en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén.
La gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, y su par neuquino, Omar Gutiérrez, habían firmado un acta para conformar el equipo que analizará las propuestas.
En este marco, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) terminaron y entregaron a los mandatarios provinciales un informe de 255 páginas a tono de propuesta para que negocien con Nación.
Entre agosto y diciembre del año que viene vencen las concesiones otorgadas por el Estado Nacional para la operación, mantenimiento y explotación comercial de cinco de las centrales hidroeléctricas ubicadas en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén: El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y el Complejo Cerros Colorados.
El contrato fue firmado en 1993 por un plazo de 30 años. En efecto, y de acuerdo al propio marco regulatorio, las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado nacional.
Esto abre un debate político. Nación sostiene que las presas son de índole nacional porque afectan directamente al interconectado de energía eléctrica, mientras que las provincias se aferran a la reforma del ‘94, que estableció que los recursos naturales son de las provincias.
“Todos los problemas hídricos y ambientales que generan las represas los tenemos que resolver desde acá, es la discusión que se da acá entre Río Negro y Neuquén porque son problemas que se generan para el desarrollo económico”, dijo el representante por Neuquén en la AIC, Elías Sapag, en declaraciones a AM Cumbre.
“Las provincias a través del artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994, son propietarias del recurso si bien las represas son de la Nación que las hizo y las pagó, aunque están amortizadas”, señaló Sapag y la comisión propuso participar en la administración de estas represas más allá de lo que resuelva la Nación en cuanto a renovar las concesiones o administrarlas a través de Enarsa.
Cabe señalar que Nación creó un equipo para estudiar las represas hidroeléctricas. El organismo está formado por miembros de la secretaría de Energía de la Nación, de la subsecretaría de Energía Eléctrica de Nación, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (Cammesa) y de la estatal Ieasa, la exEnarsa.
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