El diputado César Gass (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto para solicitarle al ejecutivo nacional que no prorrogue las concesiones de las represas hidroeléctricas de la región del Comahue, prontas a vencer, y que la administración, operación y ejecución presupuestaria recaiga automáticamente en las provincias dueñas del recurso hídrico.
A la vez, la medida pide la conformación de una comisión legislativa encargada de vehiculizar las acciones necesarias para el traspaso de la administración y la operación técnica de las represas a las jurisdicciones en cuestión.
La iniciativa se suma a los pedidos de los diputados nacionales Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y Rolando Figueroa (MPN), quienes venían planteando desde hace tiempo la posibilidad de que esas concesiones terminen en manos de las provincias.
También los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, están empujando una jugada política muy ambiciosa para que las represas hidroeléctricas pasen a dominio provincial, ante el vencimiento de las concesiones en el año 2023.
La semana pasada firmaron un acta acuerdo para el análisis de propuestas, ante la finalización de las concesiones hidroeléctricas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén. Además reafirmaron la competencia de Río Negro y Neuquén para intervenir en todo lo relativo a la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y preservación de los recursos hídricos.
Argentina cuenta con 95 represas hidroeléctricas con distintas modalidades de concesión (multinacional, binacional, nacional y privadas), de las cuales diez se encuentran en la región Comahue (Neuquén y Río Negro). Sobre el río Limay figuran las represas de Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón y Arroyito; mientras que sobre el río Neuquén se encuentran las denominadas Planicie Banderita, Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar.
Las concesiones de las represas en cuestión finalizan el próximo año, atento a que el contrato de concesión fue firmado en el año 1993 por un plazo de 30 años. En efecto, y de acuerdo al propio marco regulatorio firmado, las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado nacional, explicó el legislador Gass quien sugiere, además, la firma de un acuerdo entre la Nación y las provincias dueñas de los recursos, orientado a garantizar la gestión y administración de los mismos por parte de los estados provinciales.
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