Santa Cruz aprueba la primera ley de cierre de minas en la Argentina

Santa Cruz aprobó una ley que busca cerrar minas sin actividad en la provincia. Se convierte así, en el primer territorio argentino con una legislación al respecto. La iniciativa impone la obligatoriedad de la presentación del plan de cierre de minas por parte de “todo titular de concesión de actividad minera o autorizado por cualquier medio a realizar tareas mineras de sustancias de todas las categorías previstas en el Código de Minería”.

En diálogo con La Tecla Patagonia, uno de los impulsores del proyecto, el legislador provincial del Frente de Todos, Guillermo Bilardo, aseguró que la ley buscará “minimizar el impacto socio económico y ambiental en las futuras etapas de cierre”. 

“Hoy se sancionó la primer Ley de cierre de minas de nuestro país. La misma busca fortalecer las licencias sociales de las comunidades minimizando el impacto socio económico y ambiental en las futuras etapas de cierre. De esta manera se planifica y exigen nuevos parámetros para la remediación ambiental, la reinserción laboral y se incluye la participación ciudadana para que la actividad minera pueda seguir desarrollándose en nuestra provincia”, explicó Bilardo



Durante la sesión, el proyecto fue presentado ante autoridades de Minería y Ambiente que depende del Poder Ejecutivo de Santa Cruz, así como a cámaras prestadores y operadores que actualmente están llevando explotaciones en el territorio. 

Según explicó el legislador, la normativa plantea dos tipos de planificaciones, una para las exploraciones y otra para las explotaciones. La misma deberá tener en cuenta posibles cierres progresivos y temporales.

En otro aspecto, el proyecto de ley que habilita al cierre de minas cuenta con un artículo especial para la participación ciudadana.   

“Serán puestos a disposición de la ciudadanía a través de su publicación en el Boletín Oficial, un diario de mayor circulación y medios idóneos. Además, se efectuará una notificación a los Concejos Deliberantes de las localidades alcanzadas por el área de influencia. La Autoridad de Aplicación establecerá los mecanismos para la participación ciudadana”.