Los conflictos por la posesión de las tierras están a la orden del día en todo el país, pero en especial en la Patagonia hay varios focos de conflictos, incluso algunos con intervención del gobierno nacional. Ahora, se frenó un desalojo en El Bolsón.
Al respecto, el juez federal subrogante, Gustavo Zapata, aceptó finalmente la petición del intendente Bruno Pogliano, y postergó para el 24 de febrero la orden de desalojo que había emitido para expulsar a unas 130 familias que se instalaron en la reserva forestal conocido como Mirador del Azul.
En su resolución, el magistrado confirmó que se corre la fecha del 28 de diciembre “en atención a lo solicitado y resultando atendibles los motivos expuestos por Bruno Pogliano en su carácter de intendente de la localidad de El Bolsón y en el entendimiento de estar a la búsqueda de una solución alternativa al mero uso de la fuerza pública”.
En el escrito se establece que “tal como lo indicara la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca al resolver sobre la cuestión que aquí nos ocupa, es que haré lugar al pedido de prórroga efectuado por el mentado municipio, fijando -en el entendimiento de que resulta excesivo el plazo de 90 días sugerido en el escrito a despacho-, nueva fecha para dar cumplimiento con el allanamiento dispuesto para el día 24 de febrero del año 2021, con idéntica finalidad y efectos”.
Cabe recordar que el jefe comunal había presentado un escrito ante el Juzgado Federal de Bariloche para intentar frenar el desalojo. “En ese contexto sanitario y de sobrecarga laboral de áreas disminuidas en su dotación de personal -agrega-, no resulta posible la efectiva implementación de las herramientas de persuasión y diálogo para evitar el uso de la fuerza en la restitución de los predios”, señala el documento.
En coincidencia, Pogliano apuntó a que “en un legajo judicial que tramita ante la justicia de la provincia de Río Negro, el juez Juan Pablo Laurence decretó una prórroga de 90 días para buscar una salida alternativa ante otra ocupación que se da en la localidad -en la zona del Mirador del Azul-, y además se tramita otra causa bajo la figura de amparo colectivo en la que se ordenó un relevamiento socioambiental de los involucrados en la ocupación”.
Por último, el juez estableció que deberán extremarse “las medidas para resguardar la vida e integridad física de las personas, especialmente de aquellas que -eventualmente- intenten impedir la realización de la diligencia”, minimizando al máximo posible el uso de la fuerza y ajustando el uso de armamento a las reglamentaciones vigentes, de acuerdo a “principios de proporcionalidad, gradualidad, legalidad y oportunidad”.
Para concretar el desalojo, Zapata requirió la presencia de asistencia médica y ambulancias, “en caso de que alguien resulte herido” y mandó a destruir las casillas precarias que los ocupantes del predio instalaron en el lugar. |
