La Fiscalía a cargo de Omar Rodríguez sigue avanzando en la investigación de la causa denominada “Ñoquis Calientes” que intenta determinar si la exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, defraudó al Estado provincial mediante una serie de contrataciones irregulares.
Según información a la que accedió La Tecla Patagonia, específicamente la Justicia analiza un total de 24 contrataciones, por ahora, entre las que sobresalen el caso de la niñera publicado ayer por este medio. Silvana Cañumil, quien estaba nombrada como subsecretaria dentro del ministerio de Familia pero se presume que su tarea, además de oficiar de recaudadora, era la de cuidar a los hijos de Cecilia Torres Otarola. La relación entre Cañumil y Otarola data de muchos años atrás cuando la exministra era propietaria de un comercio en Esquel de nombre “5 comentarios”.
Entre la nómina de asesores que se investiga, se encuentra también la madre un exfuncionario provincial que estuvo relacionado a las causas de corrupción dasnevista.
Pero uno de los casos que más llamó la atención para los investigadores fue el del jardinero. Se trata de Miguel Angel Reto Trelles, un hombre de 35 años, de nacionalidad peruana que tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires y que sin embargo, figura en la nómina del ministerio de Familia con categoría 4 (rango de Director) y un sueldo de $85.873. Es decir que en total, desde su nombramiento a la fecha, el jardinero habría embolsado más de $340 mil del Estado provincial.
Según los testimonios y la hipótesis de la Fiscalía, Trelles no desempeñaba tareas habituales para la cartera de Desarrollo Social y tendría vínculo con Jacqueline Rodera, exsubsecretaria de Desarrollo Social.
El "jardinero" además cuenta con el antecedente comprobado de haber recurrido a una probation por agresiones físicas contra su ex concubina.
Se detectaron movimiento bancarios desde la cuenta de Trelles hacia la cuenta de la niñera de Otarola, Cañumil, la presunta recaudadora de Otarola, por lo que los investigadores intentan determinar si se trata de un presunto “retorno”, práctica que se repetiría en todas las contrataciones que están siendo objeto de investigación.
Como si falta algo, varias de los nombramientos en la sensible cartera de Familia no cumplieron con los requisitos administrativos requeridos como por ejemplo el pedido de antecedentes penales. Cabe recordar que meses atrás, envuelto en otro escándalo, se detuvo a Pablo Leuful, director del Ministerio con funciones en Esquel, por violar la cuarentena aparentemente alcoholizado. Tras ese hecho, se descubrió que Leuful tenía antecedentes penales.
Se realizaron diversos allamientos en domicilios y el despacho de a exministra Otarola, que llamativamente estaba presente en el despacho. Le secuestraron el celular. Según explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, la exministra podría ser detenida si se evidencia que puede entorpecer la investigación. La pena prevista para el delito que se le imputa es de dos años aunque no tiene prisión efectiva. Pero sí podría quedar inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
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