Gribaudo denunció penalmente al Gobierno por la compra de alimentos en la pandemia

La vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, Yanina Gribaudo, realizó una presentación ante la Justicia "a fin de que investigue la posible ocurrencia de delito de acción pública, y, en su caso, determine los responsables". La denuncia responde a la presunta detección de sobreprecios en la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo social santacruceño, en el marco de la pandemia. 

En la presentación, Gribaudo precisa que "si bien hubo consenso sobre los hechos, y que los mismos constituían serias irregularidades, los restantes vocales presentes (Dres. Carlos Javier Ramos, Romina Fernanda Gaitán y María Matilde Morales) manifestaron su opinión y voto contrario a la apertura del Juicio Administrativo de Responsabilidad Patrimonial y a la realización de denuncia penal".

El Tribunal, en cambio, resolvió correr traslado del informe producido por la auditoría jurisdiccional de Administración Central a los responsables del Ministerio de Desarrollo, en un plazo de diez (10) días para que tomen conocimiento y procedan a dar respuesta a los puntos requeridos por la Auditoria, según narra Gribaudo.

"Es ante el Juez Penal, quien posee competencia y especialización en la materia, donde deben realizarse las investigaciones y defensas, y no en sede administrativa", asegura la Vocal de la oposición, al tiempo que considera "doblemente recomendable que se formule la denuncia ante la mera probabilidad de ocurrencia del hecho, en defensa de los intereses de la administración pública, de los principios que protegen la transparencia y prácticas anticorrupción, y por la protección misma de quien pudiera entenderse responsable".

Gribaudo sostuvo que encontraron diversas inconsistencias como "los pagos de importantes sumas de dinero de modo irregular, la selección discrecional de los contratantes, y la ausencia de información y datos claves, como ser las marcas y la calidad de los productos a adquirir, que llevan a la imposibilidad de una comparación razonable de precio – calidad, para una fundada selección". 

Según la denuncia, de acuerdo al expediente no es posible asegurar, que se haya contratado al “menor precio y según stock disponible”, atento a la falta de documentación que acredite sobre el fundamento citado en la Resolución N° 221-MDS-20. Asimismo, alerta que no se acreditan en las órdenes de compras y facturas insertas en el mencionado expediente, las marcas de los productos abonados ni entregados.
 

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