INFORME ESPECIAL
28/05
Reestructuración y nuevos créditos: las provincias endeudadas
La crisis económica originada por el COVID19 precipitó las medidas en torno a la situación financiera de las provincias. Los Ejecutivos patagónicos iniciaron un proceso de renegociación en paralelo con la iniciativa del Gobierno nacional. También colocaron Letras y tomar créditos, ante un escenario de incertidumbre y sin horizonte claro. Los detalles de cada situación, distrito por distrito

Por Alejandro De Angelis 

En fila india, las provincias se encolumnan detrás del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, en la negociación que el funcionario lleva a cabo con los acreedores internacionales para la reestructuración de la deuda externa argentina. De sus resultados, dependerá en buena parte el destino de los pasivos que ostentan las provincias patagónicas que, salvo Santa Cruz, también fueron detrás del anterior Gobierno nacional en la toma de deuda.

En abril, la Rosada creó una unidad especial para organizar la renegociación de deudas en dólares de las provincias, con el fin de asesorar en los procesos de canjes de títulos con los acreedores, que se encuentra en pleno funcionamiento.

Los vencimientos en dólares se multiplican al igual que el tipo de cambio y caen los ingresos en las arcas de los distritos, como efecto colateral de la pandemia, tanto por la recesión a nivel internacional como por las medidas de aislamientos dispuestas por el Gobierno nacional. Y los auxilios financieros son bienvenidos pero no alcanzan.

La imagen en la Quinta de Olivos, que incluyó medidas de distanciamiento social, del Presidente Alberto Fernández junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el propio Guzmán y dieciocho de los veinticuatro gobernadores más el Jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, no solo fue un gesto político de respaldo, sino también de necesidad. En esa mesa estuvieron sentados el neuquino Omar Gutiérrez, la rionegrina Arabela Carreras y el chubutense Mariano Arcioni.

“Sostenibilidad”, es la palabra que repiten a los acreedores, como un mantra, los negociadores de la deuda puestos por Argentina y la replican los gobernadores de la región. La traducción es simple, poder pagar la deuda en plazos y con intereses que permitan seguir cumpliendo con las obligaciones, fundamentalmente de la masa salarial, y tener resto para desarrollar obras y otros proyectos.

Caso por caso

Santa Cruz es una isla. Desde la oposición provincial, dicen que gracias a ellos, que evitaron el endeudamiento que alguna vez planeó la gobernadora Alicia Kirchner, promediando su primer período al frente de la provincia. En el oficialismo, se arrogan el “limbo” a un grupo de interno que pugnó para que no se tome deuda en dólares, que triunfó por sobre aquellos que militaban por el financiamiento externo.  Lo cierto es que no se tomó dicho camino, y hoy la Provincia no tiene apremios de grandes vencimientos –este afrontará pagos por 4000 millones de pesos- y luce una deuda en dólares muy poco significativa en relación al resto de las provincias: de 174 millones de dólares.

En Chubut se encuentra el otro extremo de la Patagonia. La provincia está financieramente quebrada, como lo describió el ministro de Gobierno José Grazzini en marzo de este año. Y el calendario de pagos la apremia. Por tal motivo, el Ejecutivo ya envió un proyecto de reestructuración de deuda a la Legislatura para su aprobación.

En el proyecto se asegura que se busca “crear las condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial, como la recuperación de la economía productiva y la recaudación de los recursos financieros disponibles”, por lo que busca “poner en marcha los mecanismos y/o instrumentos financieros más apropiados al efecto”.

Concretamente, solo en abril de 2020 se asignaron $ 1.494.337.398 en concepto de pago de deuda. El Ejecutivo afrontó el vencimiento de u$s 4.328.125 del Fideicomiso Financiero Chubut 2020 y u$s 12.593.750 por los intereses del BOCADE que emitió el exgobernador Mario Das Neves. En cuanto a las Letras del Tesoro, Chubut abonó $ 17.087.123 por una colocación efectuada en febrero y el 17 de abril desembolsó $ 377.328.400 entre amortización e intereses por una deuda emitida en marzo de este año. 1.500 millones de pesos, lo que representa el 33% de la masa salarial de la provincia.

En total, según un relevamiento realizado en enero de este año, la deuda de la provincia en dólares ascendía a 868 millones de dólares, y los compromisos de pago durante todo el año eran de 3.420 millones de pesos y 158 millones de dólares, una cifra que al tipo de cambio actual supera los 10.000 millones de pesos.

En el proyecto presentado, Arcioni busca reperfilar los bonos garantizados de la Provincia al 7,750% con vencimiento en 2026 (BOCADE), y los bonos garantizados de la Provincia al 8,875% con vencimiento en 2023 (BOPRO), con un plazo de gracia para el comienzo del pago a 2023, al igual que lo propuesto por Nación.

Río Negro ostenta números similares a los de Chubut, aunque con una economía ligeramente más equilibrada, siempre tomando los parámetros de la “normalidad” previa al a pandemia. Su deuda total en dólares es de 562 millones, con vencimientos en pesos para este año por un total de 6.420 millones, y apenas 31 millones en moneda extranjera.

El mayor endeudamiento responde al Plan Castello, el proyecto de obras de infraestructura por el cual la provincia adquirió crédito por 300 millones de dólares y, en paralelo, los Municipios obtuvieron financiamiento externo por una cifra similar. La tasa es de 7.75% con una vida promedio de 7 años.

En consonancia con Nación, Río Negro buscará una renegociación enmarcada en el contexto de crisis actual. Esta semana la gobernadora Arabela Carreras presentó un proyecto de ley para que se autorice un proceso de reestructuración.  El mes que viene la Provincia deberá hacer frente en junio a un pago de intereses de u$s11 por el bono de u$s300 millones colocado en 2017 para el Plan Castello, compromiso que busca evitar hacer frente.

Según informaron desde el Ejecutivo, ya se están realizando gestiones preliminares para la identificación de los tendedores de los títulos emitidos por la provincia, para contactarlos en caso de ser necesario, con anticipación y de buena fe y así encarar una negociación, con las pautas que defina Nación mediante su negociación, como rectoras.  Pese al anuncio oficial, aún se desconocen los detalles del proyecto presentado por Carreras a los legisladores.

En Neuquén todavía no se mencionan las palabras mágicas. Ni renegociación, ni reperfilamiento, ni canje, pero por las condiciones de la economía provincial y los compromisos de deuda para este año, no hay dudas de que el Gobierno de Omar Gutiérrez encarará una negociación con los acreedores externos para “patear” vencimientos.
 

El total, la deuda a saldar este año por Neuquén era de 7.000 millones de pesos en concepto de vencimientos de intereses y capital. Este mes, la provincia afrontó compromisos por 1.897 millones, mientras que en junio se incorporará el pago de los 1.500 millones de pesos que colocó en Letras del Tesoro en enero de este año.

La primera intención del Gobierno neuquino era cumplir con los pagos sin caer en un reperfilamiento. En ese plan, esta semana el ministerio de Economía de la provincia emitió la resolución 115/20 que establece un mecanismo de cancelación de deudas con proveedores y prestadores de servicios con letras del Tesoro por un total de 4.000 millones de pesos.

Sin embargo, las condiciones internacionales y locales, sumado a la posibilidad de que el Gobierno central abra la puerta a una negociación “amable” con los tenedores de bonos, podría precipitar un plan de renegociación, que por ahora desde el Ejecutivo neuquino descartan.

Más deuda, pero en pesos

El Gobierno nacional, ante la baja de ingresos de las provincias por la cuarentena, lanzó un Programa para la Emergencia Financiera Provincial que se creó a través del Decreto 352/2020, y consta de 120 mil millones de pesos para destinar a las provincias, 60 mil millones a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) canalizados por el Ministerio del Interior, y los 60 mil millones restantes por el Fondo Fiduciario, mediante el Ministerio de Economía.

Respecto de este último, se trata de un crédito blando, con tasas bajas, a pagar en 36 cuotas y con un período de gracia hasta fin de año. Se distribuye en un 40 por ciento, en base al índice de población con Necesidades Básicas Insatisfechas y de cuentapropistas - respecto de ocupados totales -, elaborados por el INDEC y de las personas contagiadas por COVID-19 cada 100 mil habitantes que publica el Ministerio de Salud. Por otra parte, financia en un 60 por ciento los requerimientos de aquellas provincias que presenten necesidades financieras sin fuentes de financiamiento alternativas.
 

En ese plan, las Provincias completaron los requisitos para acceder al financiamiento que, aunque en condiciones mucho más favorables, es lisa y llanamente un nuevo endeudamiento. En el caso de Chubut, recibirá 5000 millones de pesos. Santa Cruz, por su parte, ya autorizado el Gobierno por la Legislatura, percibirá cerca de 1000 millones de pesos. Río Negro y Neuquén aún deben obtener las respectivas autorizaciones del Poder Legislativo.

En el caso chubutense, según cálculos estimados solo para cumplir compromisos salariales, sumando lo que debe de marzo y abril ($ 6.300 millones), sumado a lo que deberá en mayo ($4.900 millones), junio y el pago de aguinaldo, deberá desembolsar $ 18.850 millones, por lo que la ayuda de Nación tan solo alcanza para cubrir un mes. 

La clave, tanto de la negociación de las deudas provinciales como de la toma de nuevos créditos, será las condiciones bajo las que se firmen dichos compromisos. Hoy, las provincias atraviesan una crisis gracias a una baja sustancial de ingresos que les permite vivir “al día”, siendo el caso chubutense aún más extremo, con retraso en el pago de salarios. Un ajuste, podría redundar en agudización de ese escenario. Por ello, todas las fichas están puestas en la negociación de Nación y un alivio en el calendario de pagos.