Sigue el escándalo en el IPROSS y ATE mete la cola

El Secretario General, Rodolfo Aguiar, junto a la asesora legal, Ailén Roa, justificaron el pedido en el nuevo Código Procesal Penal, cuyo artículo 55 habilita a las organizaciones que posean un interés legítimo en alguna causa a constituirse en querellantes. 

"Hemos adoptado esta importante decisión luego de analizar que la mayoría de los casos de corrupción o estafa en el Estado siempre quedan impunes. Aquí se robaron plata del pueblo y de los trabajadores. Deben ir todos presos", señaló Aguiar. 
En este sentido, desde la organización gremial, recordaron que las víctimas en el hecho que se investiga son, por un lado, trabajadores activos y jubilados dependientes del Estado Provincial y los municipios, afiliados todos a la obra social estatal, sobre quienes ATE posee representación de sus intereses individuales y colectivos.