Polémica en Viedma por posible declaración “Pro-Vida” del Concejo

El debate en torno a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo ha generado un intenso debate a lo largo y ancho del país. Posiciones a favor y en contra se vociferan con la misma intensidad, pero un hecho es innegable: el proyecto avanza en el Congreso de la Nación. Ya fue aprobado en Diputados y ahora la discusión se trasladó al Senado, donde el 8 de agosto es la fecha para tratarlo en sesión.

En ese contexto, desde distintos puntos del país han manifestado su posición y en la capital rionegrina se dio un singular episodio. La concejal del Frente Para la Victoria, Silbana Cullumilla presentó un proyecto de ordenanza para declarar municipio “Pro-Vida” a la localidad de Viedma. Según dijo, la iniciativa surgió de una propuesta vecinal que cuenta con más de 750 firmas.
 

Este mediodía vecinxs de nuestra ciudad me presentaron parte del proyecto de ordenanza declarando a la ciudad de Viedma Provida, al mismo adjuntaron 773 firmas de vecinxs que acompañan la iniciativa. pic.twitter.com/IcR6AB2TWP

— Silbana Cullumilla. (@scullu21) 13 de julio de 2018

Ante esta situación, desde el Consejo de la Mujer local salieron al cruce de la edil por la presentación del proyecto y expresaron su “repudio al posicionamiento que ha tomado la concejala en este debate, ya que la Ley busca saldar una deuda histórica con las mujeres que residen en nuestro país al otorgar legalidad y resguardo a una práctica cotidiana, doméstica, invisibilizada como muchas de las prácticas que hacen a la vida de las mujeres”.

En la misma sintonía, desde la Colectiva Mala Junta señalaron que “esta ley constituye un paso más en la consecusión de una sociedad más igualitaria y de una ciudadanía con más derechos así como lo fueron las leyes de Divorcio, Matrimonio Igualitario, Educación Sexual Integral, Identidad de Género como así también la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre otras”.

Por último, señalaron que la Ley “ya cuenta con legitimidad social y ha sido discutida no sólo en el Congreso sino también en escuelas, trabajos y mesas familiares: el debate ya está en las calles”. Y sentenciaron: “nuestra/os representantes deben siempre escuchar al pueblo y defender los Derechos Humanos, éste es uno de ellos”.