El conflicto docente se mete en la Cámara de Diputados

Una de las propuestas presentadas aborda como principio la defensa de la Formación Docente como eje que coadyuva la calidad educativa, posibilitando que los docentes puedan acceder a herramientas actualizadas y acordes a la compleja realidad del entorno.

 La Resolución  066/18 emanada de la Presidencia del CPE, asigna de manera unilateral un “premio” de 3 puntos en el listado de valoración para interinatos y suplencias para quienes cumplan con ciertos requisitos que se consideran primordiales desde el Ejecutivo para lograr  la asistencia perfecta. 

Según la iniciativa presentada por la legisladora, “la asignación de estos 3 puntos por asistencia se aleja de manera exponencial  al  reconocimiento de la trayectoria formativa y a la formación permanente, porque los mismos superan por ejemplo, una formación doctoral, dos especializaciones de posgrado, tres actualizaciones, o presentaciones en congresos internacionales, entre otros”.

“Entre estos se  pueden mencionar, no asistir a capacitaciones, uso de carpetas por atención a familiar ( hijos, cónyuges, otros familiares a cargo), como tampoco por Enfermedades que afecten al agente. Estos criterios vulneran derechos adquiridos como también aquellos que se encuentran en un mayor estado de indefensión, como puede ser el  disponer de tiempo para el cuidado de los  menores de edad  frente a un problema de salud.  En este contexto es clara la necesidad y urgencia dar de baja esta norma debiendo dejar sin efecto la misma en los listados de valoración” indicó en un comunicado la legisladora de Santa Cruz Somos Todos.

En tanto, el segundo proyecto #busca defender no solo la calidad educativa sino también los consensos y la construcción democrática de políticas educativas que impactan en la implementación del proceso de formación de Jóvenes y Adultos de nuestra provincia.  Se propone la derogación de la Resolución 903/18 del CPE, vinculada a una nueva propuesta estructural de las EPJAS, porque fundamentarme la misma no fue implementada gradualmente, reconociendo las trayectorias escolares, afecta al cuerpo docente de los establecimientos que ven reducidas sustancialmente su carga horaria,  y no ha sido trabajada con quienes conocen esta realidad. No se evaluó la calidad ni continuidad del proceso educativo, violando incluso el Pacto Educativo Santacruceño”.