Argentina
Jueves, 28 marzo 2024
LA TECLA MAR DEL PLATA
12 de diciembre de 2018

El no control de la pesca, mata

La convivencia entre el poder político y los empresarios de la pesca se llevan vidas humanas. La Tecla Mar del Plata detalló que el Consejo Federal Pesca avaló la actividad del Rigel que desde 1994 no tenía permisos legales para trabajar en el caladero argentino.

El no control de la pesca, mata - La Tecla Patagonia

Especial La Tecla Mar del Plata (www.lateclamardelplata.com.ar) 

El Rigel era un buque tangonero más, como tantos de los pequeños que zarpan del puerto de Mar del Plata a recorrer un camino incierto, lleno de irregularidades en el altamar. Abandonó el puerto local el 5 de junio con 9 tripulantes: el capitán Salvador Taliercio; el segundo patrón Rodrigo Sanita; el jefe de máquinas Néstor Rodríguez; el auxiliar Cristian Osorio; y los marineros Rodrigo Blanco, Amadeo Jonatan, Nahuel Navarrete, Carlos Daniel Rodríguez y Pedro Mierez.

Iban al sur, en búsqueda de langostinos. El 8 de junio fue su última conexión, un día después la Prefectura informó su aparición en Rawson, Chubut, a 93 metros de profundidad, en la misma zona donde se había reportado su última ubicación.  Según lo detallado por La Tecla Mar del Plata (lateclamardelplata.com.ar), solamente se encontró el cuerpo del Capitán.

La tragedia, las muertes evitables, el desconcierto y el abandono de las familias de las víctimas dejan a la vista una historia que, aunque intenten ocultarla, lucha por salir a la luz.

Para contar la historia del buque Rigel indefectiblemente debemos ir a los 90; con la presidencia de Menem y Felipe Solá como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comenzó el despilfarro del mar argentino.

Fue el acuerdo internacional con la Unión Europea el que le dé guiñó el ojo a los empresarios españoles y marplatenses, con la redistribución de permisos de pesca. Tony Solimeno lo supo aprovechar bien.

El negocio fue simple: Los españoles quisieron ingresar al caladero argentino el buque congelador Navegantes, para hacerlo Solimeno recibió  2.068.500 Euros en concepto de subsidio otorgado por la Comunidad Económica Europea –CEE,  a cambio de  los permisos de pesca de los buques Letares, Patagonia y Rigel. Dichas flotas debían ir al desguace, porque sin permisos, no podían navegar más, según el artículo  66 de la Ley 24.299 y los artículos  17 y 23 de la Ley 20.094.

Pero el acuerdo internacional se violó, si bien se firmó la de los buques, junto con los permisos en una declaración jurada; nunca se desguazaron, y continuaron pescando.

Cuando la maniobra turbulenta no dio para más, Solimeno compró permiso de buque congelador inactivo de la quiebra de Ventura, y ese permiso fue revivido y dividido entre el Letares, el  Patagonia y el Rigel.

Pero todo no quedó ahí, Solimeno firma un acuerdo con el Capitán, le dio el barco a pagar con trabajo: todo lo que el Rigel pescaba iba a manos del empresario. Esto está explicitado en el Exp. S01:0399235/05: Nota SSPyA (28/06/12), del Consejo Federal de Pesca, donde queda en actas que el permiso del Rigel pasa a manos de “Pesca Nueva S.A.”; una empresa que no tiene lugar, ni estructura, ni dueños.

Lo extraño es que las últimas Resoluciones del Rigel publicadas por el Consejo Federal son del año 2009; el buque se hundió 9 años después. Falta información fehaciente y oficial sobre la actividad pesquera del barco de Solimeno en esos años.

 Si bien los buques vuelven “legalmente” a la actividad, nadie entendió como podía ser porque seguían violando el acuerdo con Europa; que fue público y a la vista de todos. Los buques, según la Ley de Procedimientos Administrativos eran “nulos, de nulidad absoluta e insanable”. Lo que significa que todo lo que pescó desde el pacto con la Unión Europea a hoy fue ilegal, debería ser devuelto en divisas.

En un informe acabado sobre los tres pulpos del mar; La Tecla Mar del Plata indagó sobre los guiños políticos que los empresarios marplatenses recibieron y reciben de los actores políticos de turno.

El principal cómplice de los empresarios es y fue el Consejo Federal Pesquero, que  debe regular, administrar y ser concientes que la ilegalidad en la pesca mata. Se espera que los representantes del Poder Ejecutivo de la Nación dicten y hagan ejecutar políticas pesqueras nacionales y custodien la Ley Nacional de Pesca. La realidad está lejos de eso, ya que está compuesto por un representante de cada Provincia con litoral marítimo. Cada uno puja por su interés personal, por el interés de su provincia y, sin duda, por el interés de  sus empresarios.

El Rigel, hasta su hundimiento,  fue un ejemplo de la ilegalidad, y siempre contó con el aval de Consejo Federal Pesquero. Así lo determina, el informe de la Universidad de Buenos Aires, realizado en el 2003, donde se realizó una auditoría de todos los permisos de pesca preexistentes a la Ley 24.922, como así también los que se hubiesen otorgado con posterioridad a la vigencia de la misma. Con un amplio marco jurídico, que reguló y regula la actividad pesquera, el informe de la UBA, que minutos de ser presentado desapareció, detalla diferentes Resoluciones y Decretos y las contrapone con la realidad.

La Resolución 787, vigente desde el 28 de noviembre de 1996, prohíbe que los buques nacionales que hayan transferido su permiso a buques ingresados bajo el convenio con la CEE reciban con posterioridad a la transferencia permisos o proyectos vigentes. Y además, la normativa, dispone su baja de la matrícula.  Los barcos Letares, Patagonia y Rigel, desde la llegada del Navegantes, nunca cumplieron con esta normativa.

La irresponsabilidad, e ilegalidad de los empresarios y sus cómplices se llevaron 9 vidas con el Rigel. La ilegalidad en la pesca, mata; y el Rigel nuevamente lo demostró.

 La eterna vista gorda del Consejo Federal Pesquero

El Buque pesquero Rigel fue botado en 1968, ingresado a la matricula en 1971. Desde 1994 hasta  su trágico hundimiento el 08/06/2018 pescó de manera ilegal. El Consejo Federal Pesquero (CFP) y los funcionarios de Pesca Nación, sabían de la situación del buque, pero acomodaban lo que sea necesario para que no sea tan así.

 En el año 2001, se borró al Rigel de su origen ilegal y lo incluyeron en el listado de buques con permisos vigentes 1989/1996 (Res. 23/2001 base de la Res. 23/2009).

Un año más tarde, los Consejeros Federales incluyéndolo al Rigel en el listado de buques con permiso vigente de la Res. 23/2001 para que los propietarios de los buques un plazo de 15 días puedan corregir los registros.

En el año 2006 desde el CFP le concedieron al buque en cuestión un Permiso de Pesca de Gran Altura por un plazo de DIEZ (10) años (ACTA 15/2006).

En el año 2009, los Consejeros Federal ponderado el historial del Rigel para darle Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), inventadas ese mismo año.

En el año 2010, el CFP aprobó la transferencia parcial definitiva de CITC (Cuota Individual Transferible de Captura)  del buque Rigel  (M.N. 0266) de  Pesca Nueva S.A a favor del buque PROMAC (M.N. 4815) de Luis Solimeno e Hijos S.A. En ese momento, firma como Consejero Federal el Representante de la Provincia de BUENOS AIRES, Dr. Lisandro Belarmini, sobrino del Sr. Moscuzza,.

Dos años más tarde,  el CFP otorga un Permiso de Pesca de Gran Altura a favor del buque RIGEL (M.N. 0266) por el plazo de diez (10) años. Si bien ya tenía un permiso por 10 años no vencido, se le otorga otro de los 10 años. Vuelve a aparecer como facilitador el sobrino de Moscuzza.

En el 2018 el Rigel se hundió cerca de Rawson

En julio del mismo año el Presidente Macri públicamente en Mar del Plata denunció "comportamientos irresponsables y mafiosos" en la industria pesquera. La misma mafia de la que se refirió Macri es la que empuja al mar barcos que no están en condiciones, que pescan ilegalmente., a misma que avala el CFP que hoy tiene funcionarios suyos que son cómplices de dichas “mafias”.

¿Quién es quién en el Consejo Federal Pesquero?

 

El Consejo Federal Pesquero “es el organismo del Estado que define la política pesquera del país y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional”. Menem lo hizo, en 1997, con la promulgación del Régimen Federal de Pesca (Ley Nº 24.922), que marcó especialmente su carácter federal a través de la composición colegiada del organismo, integrado por cinco representantes provinciales, uno por cada provincia con litoral marítimo, y cinco representantes del Estado Nacional.

Según explican en la página oficial del organismo, “Entre sus principales funciones, dispuestas por el Artículo 9º de la Ley, se encuentran: el establecimiento de la política pesquera y de la política de investigación pesquera nacional, la planificación del desarrollo pesquero nacional, el establecimiento de la Captura Máxima Permisible por especie y las cuotas de captura. A su vez, el CFP es el encargado de aprobar los permisos de pesca comercial y experimental, fijar las pautas de coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero, establecer los derechos de extracción y fijar los cánones por el ejercicio de la pesca”.

En pocas palabras, la actividad pesquera nacional depende del Consejo Pesquero Federal, pero nadie puede decir con exactitud cuando se renuevan las autoridades del Consejo Federal de Pesca, ni quien elije a las personas que lo componen, ni porqué.  Si se sabe que los funcionarios no perciben haberes por trabajar allí, son cargos ad honorem. Y ese dato, aclara el panorama de cómo viven y quiénes son los consejeros de pesca, los que deberían defender los intereses de la pesca, en vez de los intereses empresariales.

La Ley Ética el Ejercicio de la Función Pública (N° 25.188) plantea los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

En su artículo 13, sostiene que es “incompatible con el ejercicio de la función pública: a) dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; b) ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”.

Además, en el Artículo 15, inciso B, sostiene que debe “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria”.

Ahora bien, de las 17 personas que hoy integran el Consejo Federal Pesquero, ¿Cuantas cumplen con la Ley de ética pública?

Actualmente, el Presidente del Consejo Federal Pesquero es Juan Manuel Bosch, Subsecretario de Pesca de la Nación. Es abogado e hijo de un abogado con vínculos con empresas pesqueras. Antes de asumir en la Gestión Pública de la mano de Cambiemos, se desempeñó como abogado laboral de la empresa Vieyra, una pesquera patagónica. 

Como representantes del Poder Ejecutivo Nacional, históricamente hay dos personas, un K y un amigo de empresarios. Ricardo Ancell Patterson es ingeniero agrónomo y fue Diputado por la provincia de Santa Cruz en varios mandatos. Estuvo siempre relacionado a la pesca y al lobby de las empresas patagónicas. Es descendiente de malvinenses, por lo que siempre  estuvo vinculado al cobro de los subsidios de la Unión Europea para que los barcos con doble permisos (uno para pescar en Malvinas y otro en Argentina).

Oscar Ángel Fortunato, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, es mano derecha de Moscuzza. Estuvo en el Consejo durante el 2003 y el 2007, y regresó de la mano de Macri en julio del 2017. Sin dudas representa y defiende los intereses de los tres pulpos marplatanses, dueños del mar.  Es socio fundador del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la cámara que agrupa a las empresas de Moscuzza, Solimero y Valastro. Su hija,  Ayelén, cumple un rol clave en la pesca local, ya que es Agente Fiscalizadora en Mar del Plata de la Dirección de Pesca de la Nación. Es la persona que recibe los partes de pesca con la declaración de las capturas de cada embarcación.

Como representante Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ocupan el lugar el Embajador Antonio Gustavo Trombetta, quien supo ser embajador argentino en Suiza, nombrado por la ex Presidente Cristina. Antes se desempeñó como jefe de Gabinete del entonces canciller Héctor Timerman y previamente fue titular de la dirección de América del Norte y jefe de la Sección Económica de la embajada argentina ante la Unión Europea. Se espera de él que haga cumplir la Ley Federal de Pesca, el inciso 27 bis que regula los subsidios europeos. De su suplente en el CFP, Josefina Bunge, se espera lo mismo.

Como Representante Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable: está Antonio José De Nichilo, es uno de lo Consejeros más históricos en el CFP, antes representaba a su Provincia del sur. Su suplente es Silvia Giangiobbe.

El Representante de la Provincia de Buenos Aires, figura  Miguel Martín Tezanos Pinto, quien escucha a todos los sectores armatoriales (congeladores, fresqueros, costeros) pero termina votando como pide su amigo Oscar Fortunato. Hace dos meses impulsó la reformulación de un permiso de pesca que roza el escándalo. De un buque fresquero con 2700 toneladas de langostino pretendía que salgan tres permisos de pesca con 3200 toneladas de marisco. Hubo gritos y nervios en reunión del Consejo Federal Pesquero. Finalmente no se aprobó.

Su suplente es el  marplatense Juan Martín Colombo, además de ser íntimo amigo de Fortunato, lo es también del ex Intendente Gustavo Pulti.  Es abogado, especialista en derecho administrativo, y pensaron que su participación en el CFP les iba a servir para maquillar algunas cuestiones dudosas.

Jorge Bridi (otro histórico) y Néstor Adrián Awstin son representantes de Río Negro y Chubut. El último, tuvo un verano movido, cuando le iniciaron un sumario interno por el contrabando de langostino. Su suplente es Félix Sotomayor.

Por la Provincia de Santa Cruz, forman parte del Consejo Carlos Damián Liberman (K puro, es el Secretario de pesca de su provincia. Fue Director de Pesca de Nación en la gestión de Miguel Bustamante en la Subsecretaria de pesca durante el kichnerismo). Liberman tiene dos suplentes en el Consejo: Leonardo Darío Álvarez y Alexis Adrián Quintana (representan a empresas pesqueras con vínculos en Malvinas). Mientras que por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: sus representantes son: Luis Alberto Vázquez, y su suplente  Juan Antonio López Cazorla.

Está claro que la distinción entre suplentes y titulares poco importan cuando la falta de control, renace en cada rincón, acta y decisión del Consejo Federal Pesquero. Donde, como quedó demostrado, ninguno de los funcionarios cumple con la Ley  25188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

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