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Viernes, 14 diciembre 2018
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CORRUPCION DASNEVISTA
Causa Revelación: imputaron a once empresarios y se caratuló como “caso complejo”
Se realizaron ayer tres audiencias en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Anticorrupción para determinar el presunto pago de coimas provenientes de la obra pública. El juez, Sergio Piñera, imputó a 11 empresarios con los que en total ya suman 37 las personas acusadas. Además, se determinó el caso como “complejo” lo que otorga más tiempo a los fiscales
Causa Revelación: imputaron a once empresarios y se caratuló como “caso complejo”
En una serie de tres audiencias que se iniciaron a las 14 de este miércoles, el juez de garantías Sergio Piñeda,  imputó a 11 empresarios de la construcción por pagar coimas a funcionarios provinciales a cambio que desde el Gobierno Provincial se realicen los pagos atrasados por obras públicas. Al mismo tiempo, concedió a los fiscales más tiempo de investigación.

La causa ya tiene a 37 imputados entre ex funcionarios públicos y empresarios de la construcción de toda la provincia,  a la vez que se investigan más de un centenar de hechos.

La complejidad de la investigación y la posibilidad de que mediante argucias legales no se llegue hasta el final de la misma mediante la realización del juicio oral y público que determine la culpabilidad o no de los imputados, hizo que los fiscales pidieran se catalogue a la investigación como “caso complejo”. En este sentido pidieron cuatro meses más para investigar, por lo que el plazo se extenderá hasta el 22 de marzo del próximo año.

En la primera de las audiencias de ayer se produjeron nuevas imputaciones y quedó abierta la investigación contra 11 empresarios más. Se trata de Claudio Díaz, Massoud Ighani, Javier Ban, Gustavo García Moreno, Diego Cagnolo, Marcelo Pasquini, Salvador Indómito, Claudio Gatica, Miguel Freile, José Rossi y Juan Riquelme. Según la investigación de los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli, en total todos los imputados pagaron 13.824.897,77 pesos en coimas a la Unidad Gobernador durante la última gestión de Mario Das Neves. Quien más habría pagado, es el empresario Massoud de la empresa Rigel Construcciones S.R.L. un total entre cheques y dinero en efectivo de 3.970.000 pesos.

Según el esquema de los investigadores para concretar la maniobra, el titular de la Unidad Gobernador Diego Correa –detenido- pedía la coima y acordaba el monto a pagar, luego le pedía a Martín Bortagaray del IPV o a Alejandro Pagani del Ministerio de Infraestructura que emitan la orden de pago para que finalmente Pablo Oca, Ministro de Economía, ordene el pago de los adeudado por el Gobierno.

Cabe destacar que a excepción del defensor de Correa y Oca, el abogado Fabián Gabalachis, el resto de los defensores y los cinco querellantes no se opusieron a la calificación de “investigación compleja”. El defensor de Alejandro Pagani, el defensor Carlos Billada se opuso a la apertura de la investigación por considerar que los fiscales no cumplían con las obligaciones procesales para ello. Su postura no prosperó al momento de resolver el juez Piñeda.

Suspensión del juicio a prueba 

Pasadas las 22 de este miércoles finalizó la audiencia acerca del pedido de cuatro empresarios de la causa “Revelación” de someterse de la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar obras en favor de la comunidad, sin que el juez Sergio Piñeda resuelva ya que se tomó el plazo de cinco días hábiles para dar a conocer su decisión.

Las distintas posturas entre los fiscales y los cinco querellantes, y a las vez las diferencias entre éstos, sumado a la férrea posición de los defensores, tornó en extensa a la audiencia que se había iniciado a las 18.30 en la Oficina Judicial de Rawson.

Se trata de los empresarios de la construcción Ignacio Salaberry, Esteban Torraca, Patricio Musante y  Oscar Peña. El ofrecimiento se realizó hace varias semanas y nunca pudo ser cerrado debido a la mutación de las posturas de los querellantes acerca de la reparación por el presunto perjuicio causado
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La audiencia estuvo a punto de no realizarse teniendo en cuenta que se venía de otros dos arduos debates acerca de la misma causa. Finalmente ante la insistencia del fiscal general Marcos Nápoli, la audiencia se realizó en Rawson y a través de video conferencia con la ciudades de Comodoro Rivadavia y Esquel, lugares de residencia de los empresarios Torraca y Peña respectivamente.
 
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