30 de abril de 2026
RIO NEGRO
La Legislatura arrancó el año con el aval al GNL y una agenda amplia de reformas
La Legislatura abrió el período 2026 con la aprobación del acuerdo para el desarrollo de GNL, reformas en materia laboral y sanitaria, nuevas designaciones y medidas vinculadas a servicios públicos, seguridad vial y justicia
La Legislatura de Río Negro dio inicio al período ordinario 2026 con una sesión marcada por una agenda amplia y diversa, en la que se combinaron iniciativas estratégicas de desarrollo energético con reformas estructurales en áreas clave como trabajo, salud, servicios públicos y justicia.
Uno de los ejes centrales de la jornada fue la aprobación, por mayoría, del proyecto de ley que ratifica el acuerdo entre la Provincia y las empresas Southern Energy S.A. y San Matías Pipeline S.A., en el marco del denominado proyecto de GNL (gas natural licuado). La votación se resolvió con 41 votos a favor y 3 en contra, correspondientes a legisladores de la oposición.
La norma incorpora el acuerdo como anexo, declara de interés público el desarrollo y establece beneficios fiscales, como la exención del Impuesto de Sellos. Además, dispone que el 5% del aporte comunitario inicial sea destinado al municipio de San Antonio Oeste para obras e infraestructura.
Durante el debate, desde el oficialismo se remarcó que el proyecto apunta a generar previsibilidad para atraer inversiones, mientras que sectores opositores plantearon reparos sobre las condiciones del acuerdo, el impacto ambiental y el modelo de desarrollo a largo plazo. Aun con matices, varios bloques coincidieron en la necesidad de impulsar iniciativas que generen empleo en el actual contexto económico.
El proyecto contempla la instalación de infraestructura para exportar GNL, incluyendo buques licuefactores previstos para 2027 y 2028, y un gasoducto de aproximadamente 471 kilómetros desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, con una inversión estimada superior a los 1.300 millones de dólares.
En paralelo, la Cámara sancionó por unanimidad una reforma integral de la normativa laboral provincial, orientada a modernizar el funcionamiento de la Secretaría de Trabajo. La nueva ley introduce un sistema de inspección con enfoque preventivo, incorpora herramientas digitales y amplía competencias vinculadas a la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades y la erradicación del trabajo infantil.
El texto también prevé patrocinio jurídico gratuito para trabajadores, la fiscalización del teletrabajo y la creación de un registro de infractores laborales, además de mecanismos de regularización voluntaria para empleadores. Desde distintos bloques valoraron la actualización normativa, aunque se plantearon observaciones puntuales sobre la implementación y el alcance de algunas facultades.
Otro de los puntos relevantes fue la aprobación de cambios en la regulación de la actividad farmacéutica. La iniciativa establece la obligatoriedad de la receta electrónica, habilita la telefarmacia y regula la entrega de medicamentos a domicilio bajo condiciones específicas. También redefine el régimen de propiedad de farmacias, excluyendo a las sociedades anónimas y fijando criterios de distribución territorial.
El debate reflejó coincidencias en la necesidad de modernizar el sistema, aunque también surgieron advertencias sobre el riesgo de desvirtuar el rol sanitario de las farmacias si se prioriza una lógica exclusivamente comercial.
En materia institucional, la Legislatura prestó acuerdo para la designación de Néstor Pérez al frente del Departamento Provincial de Aguas, y definió a sus representantes en el Instituto Autárquico de Planificación para la Integración y el Desarrollo (IAPID), con respaldo unánime aunque con cuestionamientos sobre el mecanismo de selección.
La sesión también avanzó en iniciativas vinculadas a servicios públicos. En primera vuelta, se aprobó la suspensión de cortes de gas, luz y agua hasta fines de 2027 para sectores vulnerables, incluyendo jubilados y familias con ingresos por debajo de la canasta básica. La medida obliga además a establecer planes de pago accesibles para regularizar deudas.
En el plano de la seguridad vial, se sancionó una ley que establece que quienes provoquen siniestros bajo los efectos del alcohol o drogas deberán reintegrar al Estado los costos de atención médica, en caso de no contar con cobertura. La normativa apunta a reforzar la responsabilidad individual y reducir el impacto económico sobre el sistema público de salud.
Asimismo, se aprobaron proyectos orientados al fortalecimiento institucional y territorial, como la creación de un Observatorio de Arbolado Público y la declaración de Pilcaniyeu Viejo como sitio histórico provincial, junto con la protección de edificios emblemáticos vinculados al desarrollo de la región.
En el ámbito judicial, se avanzó en la creación de un juzgado exclusivo de Familia en la región atlántica, con el objetivo de descomprimir la carga de trabajo del actual esquema multifuero y mejorar los tiempos de respuesta.