22 de abril de 2026
CHUBUT
De ñoquis a sobreseídos: la Justicia cerró una causa por presuntas irregularidades en la Secretaría de Bosques
Carlos Damiano y Rodrigo Robeta fueron sobreseídos luego de que la Fiscalía concluyera que no hubo delito ni intención de defraudar al Estado. Las pruebas acreditaron que existían tareas efectivas y que las irregularidades detectadas fueron de carácter administrativo
La investigación por presuntas irregularidades en la Secretaría de Bosques de Chubut tuvo un giro decisivo y terminó sin imputados. El Ministerio Público Fiscal pidió el sobreseimiento de Carlos Damiano y del exsecretario del área, Rodrigo José Robeta, al considerar que no existió delito en sus conductas, y el juez terminó convalidando ese criterio.
La causa había comenzado a partir de cuestionamientos públicos que ponían en duda el rol de Damiano dentro de la estructura estatal, especialmente por su escasa presencia física en la repartición. En ese momento, la sospecha giraba en torno a un posible caso de empleo irregular dentro de la administración pública.
Sin embargo, el desarrollo de la investigación y, sobre todo, lo expuesto en la audiencia preliminar, modificaron ese escenario inicial. La fiscalía entendió que no había elementos suficientes para sostener una acusación penal, ya que se logró acreditar que el funcionario realizaba tareas concretas, aunque bajo una modalidad distinta a la que formalmente exigía su cargo.
Uno de los aspectos centrales fue la verificación de su participación en un proyecto vinculado a la generación de energía a partir de biomasa, considerado relevante dentro de la agenda provincial. Testimonios de técnicos y funcionarios, junto con registros de reuniones, respaldaron que Damiano tenía intervención activa en ese esquema de trabajo.
También resultó clave la declaración del exgobernador Mariano Arcioni, quien explicó que estaba al tanto de la situación y que había avalado la continuidad del funcionario pese a sus dificultades para cumplir con la presencialidad diaria. Según ese testimonio, incluso se había evaluado una adecuación formal del cargo para reflejar mejor las tareas que desempeñaba.
A partir de ese conjunto de elementos, la fiscalía concluyó que no hubo intención de engañar al Estado ni de obtener un beneficio indebido. En cambio, interpretó que se trató de un desajuste administrativo entre la función real y la designación formal, una situación que, si bien puede ser cuestionable desde lo burocrático, no configura un delito.
El planteo fue acompañado por el juez interviniente, quien resolvió dictar el sobreseimiento definitivo de ambos imputados. En su resolución, coincidió en que los hechos no encuadran en figuras penales y valoró el criterio del Ministerio Público al revisar su propia hipótesis inicial a la luz de las pruebas incorporadas.
De esta manera, el expediente se cierra sin responsabilidades penales, aunque deja planteado un debate más amplio sobre el funcionamiento interno del Estado y los márgenes entre la formalidad administrativa y las prácticas reales dentro de la gestión pública.